Hasta ahora, varios funcionarios y exfuncionarios públicos han sido notificados por el gobierno de Estados Unidos de que su visa ha sido revocada. Los últimos en recibir el impedimento de ingresar al territorio norteamericano fueron Rafael Correa y Jorge Glas, expresidente y exvicepresidente respectivamente. Correa expresó su indignación en su cuenta de X, señalando que “la maldad humana” está detrás de esta medida.

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Afirmó que ningún país en el mundo ha validado la sentencia dictada en su contra por “influjo psíquico”. Además, mencionó que cinco naciones han otorgado asilo político a los implicados en el Caso Sobornos. “¡No hay derecho!”, añadió.

Para Esteban Santos, abogado internacionalista y docente universitario, esto no debería tomarse a la ligera, ya que tal decisión implica que la persona ha incurrido en alguna de las dos causales de la ley magnitsky. “A quienes cometan abusos graves de derechos humanos o participen en actos de corrupción. En el caso de Ecuador va más por el lado de la corrupción”, explica.

Esto tiene otro sustento, y es que dichas decisiones se toman a partir de las investigaciones de las agencias de cooperación de inteligencia de ese país. “Son de las mejores financiadas y posicionadas y operan en el país. Eso no es ningún secreto”, afirma el experto.

Esto no va alejado de los prontuarios de quienes se han quedado sin visa –al menos de los que se han confirmado– pues en el país algunos están vinculados en procesos judiciales. (Ver infografía)

Para Santos, tomar en cuenta la revocatoria de visas como un indicio de cometimiento de delitos no es malo. “Nadie está hablando de entreguismo, ni de que ellos (EE. UU.) nos gobiernen o tomen decisiones acá”, agrega.

En Estados Unidos todavía se garantiza, según el especialista, la separación de los poderes del Estado. “Su sistema de justicia es el menos malo del mundo. No es que esos informes se emitan porque están de un bando o de otro”, asevera.

Mauricio Alarcón, analista político, argumenta que en el caso de Rafael Correa y Jorge Glas, la Revolución Ciudadana fortalecerá su “voto duro”; es decir, que quienes ya son sus seguidores los respaldarán más. “Este movimiento tiene un discurso anticapitalista. Esto lejos de perjudicarlos, los fortalece”, precisa.

De hecho, luego de su primera reacción, Correa posteó más comentarios sobre su “inelegibilidad” para el país del norte. “En las circunstancias de hoy, en Estados Unidos la cancelación de la visa es una condecoración a la independencia que honra y distingue”, reza una parte de su publicación. Esto, en referencia a otra publicación que recuerda que el escritor Gabriel García Márquez fue vetado en 1995 por su cercanía al régimen castrista.

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Alarcón también avisora que “a nada” de la campaña electoral para la elección de presidente, vicepresidente y Asamblea Nacional los contendientes de este movimiento lo usarán en su contra.

También señala que el momento en el que llega la notificación no tiene que ver con el momento electoral, puesto que en ese país los procesos toman tiempo para sustentar esta medida. “Si bien es una decisión política, está basada en un procedimiento judicial. En cuanto se cumple todo se concreta la sanción”, añade.

El hecho de que los familiares sean también vetados de ese país responde, a decir del analista, a que puede haber casos de testaferrismo. “El mismo Rafael Correa ha dicho que su casa y otros bienes están a nombre de sus hijos. Entonces, para ese país pueden ser producto de la corrupción”, enfatiza.

Lo mismo con los familiares de exfuncionarios como Jorge Glas y Abdalá Bucaram, a quienes el veto se ha extendido a sus esposas e hijos.

La justicia ecuatoriana es una de las instituciones con menos confianza en el país. “No tenemos institucionalidad. Hasta ahora solo la anhelamos”, comenta Santos. Por lo que recomienda que el país acepte cooperación internacional. “Tenemos que reconocer la necesidad de la ayuda internacional para que estos delitos no queden impunes”.

Alarcón categoriza la decisión de Estados Unidos como una sanción internacional a la corrupción. “Si en Ecuador hay impunidad, otros países dan un mensaje a nivel mundial”, expone el analista.

Esto en contraposición con la postura del gobierno mexicano, que ha exigido el salvoconducto para que Glas sea trasladado a ese territorio como asilado político. Tras la irrupción del gobierno ecuatoriano en la embajada, para sacar al exvicepresidente y llevarlo a a la cárcel de máxima seguridad La Roca. A nivel nacional, estas decisiones fortalecen la lucha anticorrupción de entidades, sobre todo no gubernamentales, concluye Alarcón.

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