No pasaron las apelaciones y nulidades presentadas por Rafael Correa, Jorge Glas, Alexis Mera y María de los Ángeles Duarte, parte de los sentenciados por cohecho agravado en el caso Sobornos 2012-2016. 

El tribunal de la Corte Nacional de Justicia, presidido por el juez David Jacho, ratificó la condena de primera instancia que impuso ocho años de cárcel a los cuatro procesados. En el caso también fueron condenados otros 14 sospechosos a ocho años y Pamela Martínez, exasesora de Correa, y Laura Terán, su exasistente, quienes recibieron 38 y 19 meses, respectivamente.

Jacho señaló que al momento de los hechos los sentenciados ejercían la calidad de servidores públicos. De Correa, el juez dijo que desde la Presidencia junto con Jorge Glas tuvieron responsabilidad en el nombramiento de ministros y funcionarios que resultaron involucrados en estructura criminal dedicada a la captación y distribución de aportes ilegales de contratistas del Estado a cambio de contratos.  

El juez refirió que, a través de Pamela Martínez, recibieron los valores (ofertas o promesas) de los empresarios. Indicó que el papel del expresidente fue protagónico y que su conducta fue activa. Señaló que los sentenciados fueron personas de su entera confianza y eso se confirmó con la presentación de distintos testimonios y pruebas documentales. Citó que para no ser descubierto Correa tenía sus propios códigos que protegían su identidad.

El juez manifestó que Glas aceptó ofertas y promesas de representantes legales, accionistas o superintendentes, a cambio de la adjudicación de contratos para las empresas que entregaban los aportes. Refirió que, en contubernio con Correa, colocaron a personas de su confianza para que en el ejercicio de sus cargos ejecuten actos reñidos por la ley. 

Gestionó la recepción de dichas ofertas o promesas de varias empresas. Y eso se corroboró con los testimonios de varios testigos, entre ellos José Santos, Pamela Martínez y Laura Terán. Glas tuvo vínculos con Equitesa, en la que gestionó un millón de dólares. Tenía además relación con la empresa Sanrib y vínculos con otras empresas involucradas.

En el caso de Alexis Mera, el juez mencionó que fue secretario jurídico y beneficiario de las ofertas o promesas a través de intermediarios y recibió dinero en efectivo en sobres. Habló de un recibo que se encontró los archivos de las computadoras incautadas. 

Acerca de Vinicio Alvarado, se indicó que ocupó varios cargos y fue persona de confianza del expresidente y beneficiario directo de las ofertas y promesas. Él, aconsejado e instigado por el expresidente, gestionaba el pedido de recursos, lideraba la esfera comunicación del movimiento PAIS. Es también sujeto activo.

En el caso de María de los Ángeles Duarte tuvo un rol protagónico por su rol en diversos ministerios. Suscribió contratos en el ámbito de la infraestructura vial. También gestionó la entrega de dineros ilícitos de parte de algunas empresas por medio de representantes, lobistas o delegados.

La reinstalación de la audiencia de apelación en el caso Sobornos 2012-2016 se dio con casi dos horas de retraso debido a la cantidad de personas que se había conectada a la sala virtual. Según los registros, hubo hasta 213 usuarios interconectados y eso motivó a que se den problemas.

El tribunal inició la diligencia negando los pedidos de diferimiento efectuados por Correa y Mera porque tendrían un afán dilatorio. Sobre la solicitud de la defensa de Walter Solís, que no se presentó, se pide la presencia de la Defensoría Pública.

Jacho se refirió a los cuestionamientos de los abogados por una supuesta falta de notificación de la sentencia, que fue incompleta y que recién fue notificada por el tribunal de apelación. Aclaró que no ha dispuesto notificar la sentencia, sino poner en conocimiento de las partes el fallo para que preparen adecuadamente la defensa. 

Precisó que el fallo notificado fue el que se encuentra en el Sistema Satje. Los jueces observaron que los procesados tuvieron el derecho a la defensa. Jacho aseguró que todos tuvieron acceso a los recursos pertinentes.

Hubo quejas de abogados como Carlos Alvear, defensor de Correa, quien señaló que no se pudo conectar a la diligencia. El sistema no aceptaba su usuario ni clave. Para quienes no se presentaron, el juez dispuso la presencia de la Defensoría Pública.

Con la ratificación de la sentencia en segunda instancia Correa, Mera, Alvarado y Duarte todavía tienen la posibilidad de impedir que el fallo se ejecutoríe y quede en firme. Se puede acudir a la tercera instancia con un recurso de casación para insistir en la inocencia de sus clientes. La lectura de la resolución sigue en la Corte.