Víctor Ricardo Calero, conductor de la unidad 162 de la cooperativa Putumayo, que se accidentó en la vía Pifo - Papallacta, el lunes, sigue en estado crítico. Eso no lo ha salvado de que la Fiscalía le formulara cargos por muerte culposa, ya que en el siniestro murieron nueve pasajeros y 20 más resultaron heridos.

Su caso ya se encuentra en instrucción fiscal de 30 días y una jueza de tránsito ordenó la prohibición de salida del país, presentaciones periódicas a partir del 19 de agosto y el uso de un grillete electrónico.

Papeles truchos

En la audiencia, realizada la madrugada del martes, la Fiscalía presentó como prueba la licencia tipo E (profesional) del implicado. “El documento consta como anulado en el sistema de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) por haber sido obtenido de forma fraudulenta”, indicó la Fiscalía.

Hernán Quilligana, presidente de la cooperativa, dijo a EXTRA que con el informe de la entidad recién se enteraron de esta anomalía. “No sabíamos la procedencia del documento”, respondió.

Este Diario también se comunicó con un hermano de Calero, pero se negó a dar declaraciones debido “a la calamidad que atraviesa la familia”.

Lo que sí han solicitado es ayuda económica. En varias páginas de Facebook circula la foto del chofer con los datos de cuentas bancarias para quien desee aportar. El hermano de Calero no negó ni aceptó la veracidad de estas peticiones.

“Víctor nos necesita. Ayudemos con un granito de arena a los números de cuenta que se encuentra en la fotografía de su esposa”, reza en la publicación.

Mucho que mejorar

Otra de las anomalías que la Fiscalía encontró es que las bitácoras de la cooperativa no son correctas, pues los nombres de los pasajeros fallecidos no constan en la lista oficial.

Quilligana respondió que eso sucede porque los conductores suben pasajeros en medio de las rutas, aunque no esté permitido. “El 90 por ciento de cooperativas lo hace. También es por la necesidad”, acotó.

Sin embargo, agregó que están dispuestos a colaborar con las investigaciones y llegar a acuerdos con las familias de las víctimas por indemnizaciones.

Cristóbal Buendía, presidente del Observatorio de Movilidad de Quito, cree que la ANT debería abrir un proceso administrativo para revocar el permiso de funcionamiento de la cooperativa por ser “corresponsable del accidente”.

Pero antes de lamentar pérdidas, afirma que las autoridades deberían reforzar los controles constantes a la emisión de licencias, así como al desempeño de quienes ya las tienen. “Si bien esa vía es riesgosa, se debe garantizar personal que lleve con seguridad a los pasajeros”, expresó.

César Gárate, jurídico de la ANT, comentó que este año se anularon 50.000 licencias porque “no cumplieron con los procesos de capacitación o de pago, es decir, son fraudulentas”. Entre ellas las de los dos conductores responsables de la unidad 162.

En cuanto a la prevención, el funcionario enfatizó que son los municipios los encargados de revisar los papeles de los conductores de transportes interprovinciales. “No se debió habilitar a estas personas”.

En lo que va del año, dijo, que es el primer siniestro en el que están involucradas personas con licencias revocadas. Por ahora se realizan los informes para iniciar con los procesos sancionatorios.