Más revelaciones se avecinan. La fiscal general de la Nación, Diana Salazar, ha solicitado al juez Javier de la Cadena que fije día y hora para recibir el testimonio anticipado de Daniel Salcedo y Mayra Salazar, ambos imputados por delincuencia organizada en el Caso Metástasis.

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Daniel Salcedo, procesado y condenado en el caso de corrupción hospitalaria, negoció protección a cambio de más detalles sobre la trama de corrupción investigada en el caso Purga, mientras brindaba su versión preliminar.

La Fiscalía aceptó su petición y lo incluyó en el sistema de protección a víctimas y testigos. Se espera que aporte más información sobre el manejo de la justicia en la Corte de Guayas y los pagos por sentencias.

Mayra Salazar, quien reveló el funcionamiento de un esquema de corrupción arraigado en la Corte de Justicia del Guayas que beneficiaba al crimen organizado, investigado en el caso Metástasis, también ofrecerá su testimonio anticipado para proporcionar más datos en el caso Purga.

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Asimismo, la fiscal Salazar ha solicitado al juez la preservación del contenido digital en el servidor del Consejo de la Judicatura, incluyendo los correos electrónicos de 26 personas, entre ellas jueces procesados.

Según Leandro Toledo, abogado de la exasesora de Comunicación de la Corte de Justicia del Guayas, su clienta ha sufrido cinco atentados en los últimos cuatro meses. El intento más reciente de acabar con la vida de Mayra Salazar ocurrió el 27 de marzo de 2024, apenas un día antes de que rindiera su testimonio anticipado.

Toledo señaló que la Inteligencia recibió una alerta sobre un plan de criminales para colocar explosivos en una pared adyacente a la parte posterior de la celda de Salazar. Este informe llevó a que se reforzaran las medidas de seguridad esa noche, con el fin de asegurar la integridad de la procesada y garantizar que pudiera rendir su declaración en la audiencia de testimonio anticipado.

El caso Purga es la continuación del caso Metástasis y, según la fiscal Diana Salazar, busca sanear el sistema judicial. La madrugada del 4 de marzo se realizaron varios allanamientos dirigidos a funcionarios de la Corte de Justicia del Guayas, por el presunto delito de delincuencia organizada dentro de las instituciones.

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