Los estudiantes y egresados del colegio Mejía se reunieron ayer en la institución para exigir que se realicen las debidas investigaciones y se encuentre a los responsables de la muerte de Henry Quezada.

El hombre, quien fue alumno del colegio, murió durante los enfrentamientos entre manifestantes y la fuerza pública, la tarde del jueves, en el parque El Arbolito, centro-norte de Quito.

Esto ocurrió luego de que el Gobierno cediera el espacio de la Casa de la Cultura y de El Arbolito al movimiento indígena como un gesto para iniciar el diálogo. Sin embargo, horas después se formó una bronca entre manifestantes y uniformados. Desde el Ministerio del Interior dijeron que hubo desmanes por parte de los protestantes y tuvieron que responder.

En cambio, desde el ‘bando’ contrario dijeron que todo se inició cuando los agentes lanzaron gas a mujeres y niños.

Según denunció la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) en su cuenta de Twitter, la muerte de Quezada fue debido a un trauma penetrante de tórax y abdomen por perdigones.

La mañana de ayer, familiares de la víctima y abogados de organizaciones de derechos humanos esperaron los resultados de la autopsia en el Departamento de Medicina Legal: laceración de los pulmones, que generó una hemorragia interna.

Quezada egresó en 2001 del colegio Mejía y era un activista social que luchaba por los derechos de los más vulnerables, según dijeron los compañeros de su promoción.

Enemigos o infiltrados

¿Pero quiénes eran los manifestantes que estuvieron en la bronca que terminó en muerte?

Quezada, quien es uno de los cinco fallecidos en el contexto de las manifestaciones que hoy cumplen su día 13, estuvo en la primera línea de lucha que se dio en los exteriores de la Contraloría. Según el Ministerio del Interior, estas filas han sido ‘manchadas’ por infiltrados que pertenecen a bandas organizadas.

El general Fausto Salinas, comandante de la Policía Nacional, también indicó que existen agitadores políticos y figuras públicas que están generando estos desmanes.

El presidente de la República, Guillermo Lasso, también manifestó en una cadena nacional que la intención real de Leonidas Iza, quien figura como el líder visible de la protesta, es el derrocamiento del Gobierno, refiriéndose a los actos violentos registrados la tarde y noche del jueves. “El señor Iza ya no puede controlar la situación. La violencia perpetrada por criminales infiltrados se le fue de las manos”.

No todos son malos

Ante esto, Diario EXTRA entrevistó a dos expertos en diferentes ramas para que hagan un análisis al respecto. Cristian Ordóñez, catedrático universitario y analista de inteligencia estratégica, señaló que en toda movilización social se van a infiltrar la delincuencia común y el crimen organizado.

Sin embargo, en este caso, el experto afirmó que estos dos problemas existen antes de las protestas actuales y que han sido una piedra en el zapato para el presidente Guillermo Lasso, “con el que no ha podido lidiar desde que inició su mandato”.

Ordóñez añadió que desde el Estado se ha tratado de construir un discurso para “justificar la mediocridad” en el sentido de que el narcotráfico financia la actual protesta social. “Si fuera así, no habría gente convocándose a diario para exigir cambios”.

Jorge Sosa, analista político y experto en derechos humanos, mencionó que el Gobierno pretende minimizar las manifestaciones al apuntar a Leonidas Iza como el único responsable de las mismas y, por ende, de la violencia y fallecidos.

Sosa enfatizó que Iza no tiene la última palabra, porque la misma debe ser aprobada por una asamblea ampliada del movimiento indígena. Añadió que es falso creer que el dirigente lidera la marcha, porque, según el experto, hay otros gremios que se han unido a las manifestaciones, como los maestros, estudiantes, médicos, entre otros.