El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, habría ordenado la ejecución de 30 funcionarios públicos, responsabilizándolos de las recientes inundaciones que causaron la muerte de entre 4.000 y 5.000 personas en el país. 

Aproximadamente 15.000 personas fueron desplazadas de sus hogares en la región de Chagang, fronteriza con China, donde se desbordó el río Yalu, causando daños en las ciudades de Sinuiju y Uiju. Además, se estima que más de 4.000 edificios y 3.000 hectáreas de tierra agrícola resultaron afectadas.

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La cadena surcoreana TV Chosun informó sobre las ejecuciones de los servidores públicos, según los Servicios de Inteligencia Nacional (NIS).

Como consecuencia, el líder convocó a una reunión de emergencia con altos funcionarios, como el secretario del Comité Provincial del Partido en Chagang, Kang Bong-hoon, y el Ministro de Seguridad Pública, quienes fueron removidos de sus funciones.

Para abordar el problema, Kim Jong-un ordenó que las 15.000 personas desplazadas fueran trasladadas a la capital del país, Pyongyang, para su recuperación. Asimismo, rechazó los informes de muertes proporcionados por medios surcoreanos, asegurando que las cifras eran mucho más bajas y no quiso aceptar ayuda humanitaria internacional para atender a las víctimas.

Sobre las ejecuciones, esta son comunes en Corea del Norte. Antes de la pandemia de COVID-19, el país registraba alrededor de 10 ejecuciones públicas al año, pero según el Korea Times, este número ha crecido significativamente en los últimos años, llegando a cerca de 100. Además, se ha informado de un aumento en las ejecuciones de jóvenes, como parte de los esfuerzos del régimen para frenar la influencia de Corea del Sur.

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