El reciente debate sobre la propuesta de una nueva Ley de Comunicación en Ecuador ha despertado fuertes cuestionamientos en distintos sectores de la sociedad. La iniciativa ha sido promovida por el asambleísta electo por Revolución Ciudadana (RC), Xavier Lasso, quien ha manifestado su intención de impulsar una normativa que regule a los medios de comunicación, argumentando que actualmente “hacen lo que les da la gana”.

Sin embargo, esta postura ha sido considerada personal y no reflejaría una posición oficial de la bancada correísta, según declaraciones de la presidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz.

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Por otro lado, la bancada oficialista de Acción Democrática Nacional (ADN) ha expresado su firme oposición a la propuesta de Lasso. En un comunicado, señaló que no permitirá que se reviva la “Ley Mordaza” del correísmo, enfatizando que no apoyará ninguna normativa que restrinja la libertad de expresión. Además, destacaron que durante el gobierno de Rafael Correa, la Ley de Comunicación fue utilizada para sancionar a más de 675 medios, imponer multas significativas y perseguir a periodistas.

Entre los más fuertes opositores de la propuesta se encuentran la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (AEDEP), el Consejo de Comunicación y distintos sectores de la academia y el derecho, quienes alertan sobre los peligros de un marco legal que limite el derecho a la libre expresión y opinión de la ciudadanía.

La Comunicación: un pilar de la democracia

El abogado Hernán Ulloa Parada, expresidente de la Primera Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, señala que la comunicación es la expresión suprema de la libertad, tanto como derecho como obligación en una sociedad libre, independiente y pluralista. “Una sociedad sin esta herramienta de expresión es una sociedad reprimida, abusada y condenada a la ignorancia y la postración económica y social”, afirma. Según el jurista, la diferencia entre una democracia y una dictadura radica precisamente en el respeto a la libertad de comunicación.

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En la misma línea, el abogado Julio César Cueva, experto en Derecho Constitucional, advierte que la libertad de expresión es un derecho humano fundamental protegido por organismos internacionales. “El peligro de una ley de comunicación mal hecha es que puede ser utilizada para perseguir. Esto es especialmente grave en una sociedad democrática”, enfatiza.

¿Afecta solo a los medios o a toda la ciudadanía?

Tanto Ulloa como Cueva coinciden en que una Ley de Comunicación no solo afecta a los medios de comunicación, sino a toda la ciudadanía. “No podemos pensar que esto es solo para periodistas o comunicadores sociales. Si se impone una normativa represiva, cualquier persona podría ser perseguida por expresar su opinión en redes sociales o cualquier otra plataforma”, advierte Cueva.

Ulloa refuerza esta idea, recordando que en el pasado se utilizó la Superintendencia de la Comunicación (Supercom) para reprimir no solo a medios de comunicación, sino también a dirigentes sociales y políticos. “No se puede reprimir la opinión bajo ninguna circunstancia. Si se pierde la libertad de pensamiento y comunicación, entramos en un estado de represión donde se ocultan la corrupción y los crímenes de Estado”, agrega.

“Absurda y delincuencial represión”

Ambos abogados alertan sobre los riesgos de que una nueva Ley de Comunicación termine convirtiéndose en un instrumento de censura y control. Ulloa recuerda que en el pasado se impusieron sanciones a medios y periodistas que denunciaban hechos de corrupción o cuestionaban al poder. “Hubo una absurda y delincuencial represión a los medios de comunicación y a los ciudadanos. No podemos regresar a esa etapa”, advierte.

Cueva menciona que ya en el pasado se sancionó a entidades que no necesariamente eran medios de comunicación. “Esto demuestra que el peligro no es solo para la prensa. Con una ley de este tipo, cualquier ciudadano podría ser reprimido por una simple opinión en redes sociales”, explica.

¿Los ciudadanos tendrían que contrastar?

Uno de los mayores peligros, según Cueva, es la posibilidad de que la ciudadanía sea obligada a contrastar información antes de opinar en redes sociales, lo cual es una exigencia propia del periodismo y no de los ciudadanos comunes. “Si no contrastas, podrías ser sancionado. Esto genera miedo y autocensura, lo cual es un atentado gravísimo contra la libertad de expresión”, sostiene.

Un Ecuador libre y sin mordaza

Ante esta situación, Ulloa hace un llamado a la ciudadanía a no permitir que se imponga una normativa que atente contra la libertad de expresión. “Los ecuatorianos queremos un país libre, independiente y pluralista, donde podamos expresar nuestras ideas sin miedo a represalias”, enfatiza.

Por su parte, Cueva subraya que cualquier intento de volver a un modelo de control comunicacional debe ser rechazado por toda la sociedad. “No podemos permitir que el país retroceda en derechos fundamentales. La libertad de expresión es la base de la democracia y debe ser protegida con firmeza”, concluye.

El debate sobre la nueva Ley de Comunicación sigue abierto. Lo que está en juego, de acuerdo a lo expuesto por los juristas, no es solo el futuro de los medios de comunicación, sino el derecho de toda la ciudadanía a expresarse libremente sin temor a represalias. Enfatizan que la sociedad ecuatoriana deberá estar atenta para evitar que cualquier reforma en esta materia se convierta en una herramienta de censura y persecución.

María Fernanda Noboa | La importancia de un análisis informado

La comunicadora social María Fernanda Noboa cuestiona la base del debate sobre la nueva Ley de Comunicación, argumentando que aún no se conoce su contenido y ya se están generando suposiciones. Según ella, esta tendencia a anticipar consecuencias sin información precisa es un error que puede distorsionar el análisis.

Desde su perspectiva, la objetividad en el periodismo ha sido un concepto superado hace décadas. Asegura que toda cobertura está influenciada por la orientación editorial y por la intencionalidad de quienes seleccionan qué temas se visibilizan y cuáles no. Esto, indica, también se refleja en la interpretación de las leyes, pues cada actor político o mediático lo hace desde su propia perspectiva e intereses.

Noboa señala que las prácticas discursivas en los medios no están exentas de sesgo, con o sin ley de comunicación. No obstante, no aboga por un entorno sin control, sino por la necesidad de que el periodismo asuma un compromiso de autorregulación responsable, especialmente en un contexto de hipermediación y redes sociales.

Advierte que la desinformación puede ocurrir tanto por omisión como por exceso de datos que distorsionan la realidad. Según ella, la audiencia actual, particularmente los jóvenes, es más crítica y no acepta fácilmente la información sin cuestionarla. Sin embargo, subraya que el periodismo sigue teniendo una gran influencia en la construcción de narrativas y en la forma en que se presentan los hechos.

Para que cualquier legislación en comunicación sea efectiva, Noboa sugiere analizar quiénes la impulsan, a qué intereses responde y si realmente incluye una diversidad de voces o solo representa a un sector. Además, destaca la importancia de evaluar su aplicabilidad en un contexto donde la corrupción y la impunidad pueden distorsionar su implementación.

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