El asesinato de los cuatro niños la noche del lunes 11 de diciembre de 2023, en el Guasmo, sur de Guayaquil, ha generado reclamos de la ciudadanía al Gobierno, liderado por el presidente Daniel Noboa, debido a la grave crisis de seguridad que azota al país y que cada vez afecta a más inocentes.

A eso se suma la poca eficacia de los investigadores en los casos de muertes violentas, según consta en un informe, de fecha 5 de diciembre, al que EXTRA tuvo acceso. En este se precisa que hasta ese día, durante el 2023, se contabilizaban (en las cifras oficiales) 7.258 homicidios intencionales, de los cuales 515 casos estaban considerados como resueltos. Es decir, apenas el 7 %.

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Sin embargo, en esos datos no se precisa cuántas personas fueron víctimas colaterales. Por ese motivo, el coordinador del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO), Renato Rivera, sostiene que lo primero que el Gobierno debe hacer es transparentar las cifras, para que se conozca la realidad que vive el Ecuador, que sería aún más grave de lo que se percibe.

Para Rivera, luego de lo acontecido en el Guasmo, es necesario que se elaboren, de manera inmediata, perfiles de los homicidas. “¿Por qué digo esto como lo inmediato? Porque parecería ser que quienes están cometiendo los homicidios son chicos, adolescentes y tendrían muy poca experiencia en la utilización de un arma de fuego y eso genera estas víctimas colaterales”, señala.

Y añade que los perfiles también se deben hacer en todos los sectores conflictivos, como el Guasmo, Nueva Prosperina o Durán, porque “presentan problemáticas por muchos adolescentes vinculados a organizaciones criminales (...). Las medidas de un día a otro no se puede tener, pero sí direccionar de mejor forma las investigaciones que estás haciendo desde las instituciones”, sostiene Rivera.

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A este último punto le da énfasis Daniel Pontón, investigador del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), pues él cuestiona que en las tres primeras semanas de gestión no se designara a los titulares de áreas sensibles como la Secretaría de Inteligencia o el sistema penitenciario, que aún seguían a cargo de la gente del mandato de Guillermo Lasso.

Para el experto, eso se solucionaría de inmediato con un decreto. El problema es -según señala- que Noboa debió buscar a las personas idóneas cuando se enteró de que iba a ser el presidente, porque son áreas de prioridad. Además, considera que asignar el cargo de superministra a Mónica Palencia (ministra de Gobierno y del Interior a la vez) no habría sido lo correcto. “La ministra tiene problemas de visión, pero no significa que no tengamos ministro (...). La ministra trata de interpretar (la situación)”.

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El especialista agrega que en el Gobierno, “al parecer, no están conscientes de lo que tienen encima, del problema que se les viene”, porque este ha sido un año caótico en tema de seguridad y la violencia es como una bola de nieve que sigue creciendo.

Acerca del denominado Plan Fénix, cuestiona que no se lo conozca y que se trate de tenerlo “bajo llaves”, cuando “nadie lo entiende”. Pontón detalla que debe ser mostrado, para que se pueda conocer el objetivo y que los expertos puedan también contribuir en su mejora.

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