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Cynthia Viteri recibe una denuncia penal en su contra por presunto despilfarro
La denuncia fue impuesta por el abogado Carlos Medina, director del Observatorio Ciudadano contra el Abuso de los Recursos Públicos
"Carlos Medina, director del Observatorio Ciudadano contra el Abuso de los Recursos Públicos, denuncia penalmente a la alcaldesa de Guayaquil, quien, cuando la gente clama por asistencia social despilfarra medio millón de dólares en grafittis", publicó el abogado Pedro Granja.
La denuncia penal contra Viteri se registra tras las publicaciones de medios de comunicación en donde se evidencia el presunto el despilfarro de fondos públicos.
Esta semana, Viteri solicitó a Fiscalía el inicio de una investigación por el caso de los contratos de Cultura del proyecto Letras Vivas, de casi 400 mil dólares y por el que los artistas no recibieron retribución alguna.
La alcaldesa, además, solicitó a Contraloría revisar los contratos de limpieza, que superaron el doble de costo en 2020, con respecto a 2018, y alcanzaron, como EXPRESO informó, los $ 19,7 millones.
Denuncia penal contra Alcaldesa de Guayaquil Cynthia Viteri por el despilfarro de fondos públicos q hoy, más q nunca, se necesitan para el frente social.
— Pedro Granja (@PedritoExtranja) April 28, 2021
Sabemos q la Fiscalía NO hará nada pero cumplimos con seguir exponiendo, con HECHOS, a la patética secta q nos azota. pic.twitter.com/1YEoRsZUOG
En una entrevista esta mañana en un canal digital, Medina explicó que "es bastante sospechoso que la alcaldesa solicite a la Fiscalía una investigación". "Lo que corresponde es que identificada la noticia in criminis se lleve la causa a la entidad competente", explicó.
En resumen, dice Medina, Viteri le dice a Fiscalía que haga lo que ella debería hacer. "Le pide fiscalizar un contrato que ella firmó. Está pidiendo que la investigue a ella", observó.
De allí que presente la denuncia Medina, por el caso de Letras Vivas y por el del trapeado millonario. En ese contexto, aplicó qué es peculado.
PECULADO
Quienes en virtud de una potestad estatal, en alguna de las instituciones del Estado, en beneficio propio o de terceros, abusen, se apropien, distraigan o dispongan arbitrariamente de bienes muebles o inmuebles, dineros públicos o privados, serán sancionados con pena privativa de libertad de 10 a 13 años.
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