Los pacientes renales se encuentran en un limbo con sus tratamientos. Alejandra Valdez espera que no le suspendan sus próximas sesiones médicas como lo hicieron hace dos semanas, cuando estuvo entre la vida y la muerte.

Ella necesita someterse a diálisis tres veces por semana porque sus riñones han dejado de funcionar correctamente. Este procedimiento elimina desechos, el exceso de líquidos y toxinas de la sangre.

Cuando no recibió el tratamiento, su salud se descompensó, tuvo dolores de cabeza, la presión se le subió y corría el riesgo de entrar en coma. No podía comer, tenía náuseas y le faltaba el aire por los residuos que se acumularon en sus pulmones.

Después de cuatro días recibió atención, y poco a poco su cuerpo liberó las toxinas acumuladas. Así Alejandra se libró de la muerte. Sin embargo, su tranquilidad es momentánea, pues no sabe cuándo volverán a suspender las terapias.

¿Cómo está la situación de los pacientes en el país?

La Asociación de Centros de Diálisis del Ecuador indica que la crisis renal en el país está al borde de una catástrofe sanitaria, poniendo en riesgo la vida de cerca de 24 mil personas.

Según el organismo, el Ministerio de Salud Pública (MSP) y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) tienen una deuda de más de 180 millones de dólares con las clínicas de diálisis, por lo que estas no pueden adquirir los insumos necesarios para los tratamientos.

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Desde el departamento de comunicación del MSP indicaron a EXTRA que sí se está abasteciendo de medicamentos e insumos a los pacientes renales y que han cumplido con el 82 % de las necesidades generales. Mientras tanto, desde el IESS señalaron que han cumplido con algunos pagos a los prestadores externos.

¿Cómo ha sido la lucha de los pacientes?

Gabriela Álvaro es una paciente de 32 años que dejó su trabajo para convertirse en activista y velar por los derechos de las personas con enfermedades renales. Ha organizado plantones, enviado solicitudes y tenido acercamientos con autoridades para que se les abastezca de fármacos y no les supriman los tratamientos.

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Gabriela también logró que desde la Asamblea Nacional se diera el primer debate sobre el Proyecto de Ley de Salud Renal, el 5 de febrero. En este debate, expuso la grave situación que enfrentan los pacientes renales, y los legisladores señalaron que el Gobierno debería destinar recursos para garantizar que los tratamientos no se suspendan. También hablaron sobre la necesidad de construir clínicas dializadoras estatales.

Gabriela también teme que su tratamiento sea suspendido, como ocurrió en diciembre de 2024. Ella acude tres días a la semana a un hospital en el centro de Quito, para limpiar su sangre de las toxinas acumuladas en su organismo.

¿Qué han hecho los pacientes para exigir al Gobierno?

Gabriela contó que en los grupos de WhatsApp en los que están cientos de pacientes se difundió un mensaje en el que algunas casas de salud advierten que, desde el 15 de febrero, se suspenderán los tratamientos de hemodiálisis debido al desabastecimiento de insumos médicos y la falta de pago a los profesionales que realizan estos procedimientos.

Esto ha causado malestar entre pacientes como Alejandra y Gabriela, quienes piensan retomar las movilizaciones que realizaron el 16 de enero, cuando más de 150 pacientes, familiares, médicos y personal de salud se movilizaron en los alrededores de la Plataforma Gubernamental Norte.

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