Una fuga masiva en la prisión de Muzenze, en Goma, al este de la República Democrática del Congo (RDC), dejó un panorama desolador. Durante el escape, reclusos incendiaron la cárcel, causando la muerte de más de 100 prisioneras. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU informó que al menos 165 mujeres sufrieron abusos y que la mayoría perdió la vida en el incendio.

El ataque ocurrió en medio de los enfrentamientos entre el grupo rebelde M23 y las fuerzas gubernamentales congoleñas, en una batalla por el control de la ciudad de Goma. En total, más de 4.000 prisioneros escaparon del penal, dejando la prisión completamente vacía y en ruinas.

La ofensiva del M23 y el caos en Goma

El grupo rebelde M23, que ha intensificado su avance en el este del país desde 2021, capturó Goma tras una serie de ataques rápidos. La toma de la ciudad desató el caos, cadáveres en las calles, ataques a edificios gubernamentales y bombardeos indiscriminados, incluido un hospital materno donde murieron mujeres embarazadas y madres recientes.

El conflicto ha dejado un saldo de más de 3.000 muertos y ha obligado a más de 6.5 millones de personas a desplazarse dentro del país. La crisis humanitaria se ha visto agravada por la falta de seguridad y la proliferación de armas ligeras entre la población civil.

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Tensiones con Ruanda y el control de los recursos naturales

El Gobierno congoleño acusa a Ruanda de respaldar al M23, lo que ha intensificado las tensiones entre ambos países. La ONU ha respaldado esta afirmación, mientras que Ruanda y el M23 alegan que el Ejército congoleño colabora con las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR), un grupo armado fundado por exiliados hutus tras el genocidio de 1994.

El trasfondo del conflicto no es solo político y étnico, también es económico. La RDC es uno de los países más ricos en recursos naturales, con vastas reservas de cobalto, coltán, cobre, diamantes y uranio, esenciales para la fabricación de dispositivos electrónicos. En 2024, la Unión Europea firmó un acuerdo con Ruanda para el suministro de estos minerales estratégicos, pese a que la mayoría provienen de suelo congoleño. Esta explotación ha generado denuncias de expolio por parte de la comunidad internacional, mientras la mayoría de la población congoleña sigue viviendo en la pobreza extrema.

Un llamado a la acción internacional

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU y otras organizaciones internacionales han exigido investigaciones profundas sobre los crímenes cometidos en en país. Sin embargo, la inestabilidad y la falta de gobernabilidad dificultan la rendición de cuentas. La comunidad internacional enfrenta el reto de tomar medidas para frenar la violencia, proteger a la población civil y evitar que la explotación de recursos siga financiando conflictos armados en la región.

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