Ni las malas noticias ni el drama y lágrimas de los familiares de desaparecidos o muertos en su fallido intento por llegar a Estados Unidos detienen a los migrantes ilegales.

Nada los para. Al contrario, una vez que los temores de la pandemia por la COVID-19 han comenzado a reducirse gracias a la llegada de la vacuna, el número de personas que buscan salir del país para cumplir el llamado ‘sueño americano’ vuelve a encenderse.

El último informe técnico de esa entidad precisa que en el actual ejercicio fiscal de ese país (empezó en octubre del 2020 y corre hasta septiembre de 2021), en los 9 primeros meses -hasta junio pasado- se contabilizan 54.543 ecuatorianos que han sido detenidos, expulsados o deportados.

El mismo documento precisa que en todo el ejercicio fiscal del 2020 el número de compatriotas que ‘pagaron piso’ por los controles migratorios fue bastante menor: 12.892.

Al hacer el comparativo entre uno y otro período se refleja que existe un aumento descomunal del 424% de ecuatorianos ‘barajados’ de esa nación por no cumplir los requisitos legales.

Así, por ejemplo, solo los 6 primeros meses del año pasado hubo 5.884 migrantes desafectados frente a los 45.589 en igual período del 2021.

La mayoría de los migrantes retenidos y expulsados es porque han intentado cruzar la frontera de manera ilegal, en travesías por las cuales, asegura William Murillo, principal de la organización 1800Migrante.com, llegan a pagar hasta 15 mil dólares o más.

Uno de los casos que más llamó la atención fue el de Johanna Tapia, quien desapareció desde el pasado viernes 16 de abril, el último día en que se comunicó con su familia, porque iba a cruzar la frontera hacia los Estados Unidos. Ella había pagado 16 mil dólares por ese viaje.

Concepción Tapia, su hermana, le contó a EXTRA que, pese a haber acudido a diferentes instancias oficiales, hasta ahora no se tiene respuesta alguna sobre el paradero de Johanna.

Cancillería pide asistencia en búsquedas

En respuesta a una consulta de EXTRA, desde la Vicecancillería se explicó, a través de un escrito, que en el caso de las detenciones y desapariciones en la frontera México-EE. UU, “se trabaja con las autoridades de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, que tiene el programa Missing Migrants (Migrantes Perdidos) y las autoridades locales de cada Estado”.

En el caso de Johanna Tapia, señala la Vicecancillería, el Consulado asegura que se contactó a la Patrulla Fronteriza, la cual revisó sus sistemas de detenciones sin resultados.

Afirman que se pidió apoyo al equipo de rescate en el sector de Sierra Blanca-Texas. “Varias brigadas han acudido a los lugares de la presunta desaparición, sin obtener resultados”, afirma la entidad.

El caso también fue informado a los consulados de Ecuador en Los Ángeles y al de Monterrey (México), a fin de activar el protocolo en sus jurisdicciones.