Tal como cuando se recibe una obra, si esta cumple con las especificaciones del contrato, se firma la recepción y listo. Así debe ser el arranque de la gestión pública en todos sus niveles de Gobierno, desde la Presidencia hasta las juntas parroquiales. Claro, la autoridad no puede negarse a asumir sus funciones si no recibe una institución en buen estado, pero sí está en la obligación de evidenciar ante los contribuyentes cómo la recibió y no solo eso. La simple denuncia pública no basta. Esta debe, indiscutiblemente, venir acompañada de un pedido formal de investigación a la Contraloría General del Estado y, de ser el caso, a la Fiscalía General.

Los votantes tienen derecho a saber lo que se ejecuta con sus recursos y cómo se lo hace. Porque es dinero de todos, no de la autoridad, aunque esta crea que así es.

Y como es un derecho, los ciudadanos deben estar atentos a lo que digan y hagan sus autoridades recién electas y reelectas, y también las que están en funciones durante toda su gestión. Es la única manera de exigir.

El silencio de las autoridades y de los ciudadanos acerca de lo que se ejecutó inadecuadamente o no se ejecutó por negligencia en actuales o anteriores períodos, cae en la complicidad.