El anuncio de la canciller Gabriela Sommerfeld sobre la creación de un plan para recibir a los ecuatorianos deportados desde Estados Unidos ha generado más dudas que certezas. Se ha mencionado la entrega de un chip de celular, dinero para movilizarse y ayuda psicológica, pero la pregunta clave sigue sin respuesta: ¿es suficiente para garantizar un trato digno a quienes enfrentan el retorno forzado a un país que, en muchos casos, dejaron por falta de oportunidades? Las deportaciones suelen ser procesos traumáticos. Muchos migrantes han gastado todos sus recursos en el intento de alcanzar el ‘sueño americano’, endeudándose con coyoteros o vendiendo todo lo que tenían en Ecuador. Al regresar de esta forma, lo harían con las manos vacías, sin empleo ni redes de apoyo que les permitan reinsertarse de manera digna en la sociedad. En este contexto, entregar un chip de celular y algo de dinero no es una solución estructural, sino un paliativo momentáneo.

El Gobierno debe garantizar un programa integral de reinserción social y económica. Esto implica asistencia laboral real, acceso a programas de capacitación, financiamiento para emprendimientos y apoyo psicológico continuo. Si el plan del Ejecutivo se limita a lo anunciado hasta ahora, será claramente insuficiente.