En medio de la actual crisis energética, los ecuatorianos enfrentan una situación compleja, especialmente con los cobros excesivos de las facturas eléctricas. A pesar de los esfuerzos del Gobierno para aliviar la carga de los usuarios mediante descuentos, muchos ciudadanos siguen recibiendo tarifas injustificadas que no se corresponden con su consumo real. Lo más preocupante es que los reclamos por cobros erróneos no han sido resueltos de manera oportuna, lo que deja a los afectados en un estado de vulnerabilidad e incertidumbre.

 El Estado tiene la responsabilidad de garantizar la equidad en la prestación de servicios básicos. Sin embargo, hoy más que nunca se evidencia una falta de eficiencia en las instituciones encargadas de regular y supervisar el servicio eléctrico. Mientras algunos se benefician de los descuentos, otros quedan excluidos o, peor aún, siguen siendo víctimas de errores administrativos sin solución. No se puede dividir al pueblo entre los ‘pateados’ y los favorecidos de un servicio intermitente, ya sea por negligencia de las autoridades o factor climático.

Las autoridades deben instaurar la cultura del buen trato y del respeto hacia los ciudadanos que cumplen con sus obligaciones fiscales. Los ecuatorianos merecen recibir un servicio eficiente, justo y transparente. En estos tiempos, más que dádivas, lo que el pueblo necesita es un servicio digno y justo.