Rendir cuentas no debería ser una obligación extraña para nadie. Si no lo es para quien abandona o cede a otro ejecutivo la gestión de una empresa, tampoco debería serlo para cualquier autoridad que deja un cargo luego de haber administrado el dinero de los ecuatorianos.

Pero en nuestro país pasa todo lo contrario; un problema que termina siendo la punta del ovillo de lo que hoy tenemos: falta de transparencia sobre los recursos y con ello carencia de obras y planificación.

Así como un gerente general entrega balances para que sean auditados, los ministros, los alcaldes, los prefectos, los concejales y cualquier otra autoridad de elección popular que deja el poder tiene la obligación de rendir cuentas del trabajo realizado. Quien lo reemplaza, a su vez, tiene la tarea de inspeccionar lo que recibe y la obligación de denunciar cuando detecta cualquier indicio de irregularidad o corrupción. Es lo justo y lo correcto; es cuidar el dinero que con esfuerzo pagan los ecuatorianos en contribuciones y que, con un eficiente y transparente manejo, debería reflejarse en obras, en seguridad y en buenos servicios de salud, educación y carreteras, de lo que hoy el país carece. Rendir cuentas debe ser una regla y no una excepción.