Los propietarios de los buses de transporte urbano, en su afán de contar con recursos económicos para adquirir nuevas unidades y costear los gastos de los insumos como llantas, lubricantes, repuestos o permisos y así ofrecer un servicio ‘de calidad’ a los usuarios, no les importa afectar la movilidad del pueblo. Un chantaje repetido que siempre termina golpeando el bolsillo de los ciudadanos.

Y lo peor es que cuando llegan a un acuerdo con las autoridades para el incremento en el valor de los pasajes, los ofrecimientos de mejorar el servicio desaparecen y siguen los históricos problemas: unidades sucias, con desperfectos, choferes descorteses con los usuarios e irrespetuosos con las normas de tránsito. Para exigir derechos hay que cumplir con las obligaciones.