La eliminación de la tabla de consumo de droga decretada por el presidente de la República es un paso importante, pero no frena el consumo de quienes ya tienen adicción, ni ayuda a su rehabilitación. Para esto es necesaria una política pública de salud que incluya la creación de suficientes centros especializados en la atención de esta problemática a nivel nacional.

Las decisiones políticas no pueden aplicarse al apuro y sin estrategias porque los resultados pueden ser contrarios a los esperados. La difícil situación actual demanda soluciones integrales, que tengan en cuenta una reforma al marco legal, un cambio en las atenciones sanitarias y un trabajo mancomunado en los barrios, con apoyo ciudadano, que ayude a evitar que siga aumentando el número de jóvenes que caen en el mundo de las drogas.

Sin la participación de los gobiernos locales y de los centros educativos, vitales para elaborar programas de prevención que lleguen a niños y jóvenes, cualquier esfuerzo puede quedarse solo en eso.

Únicamente el trabajo conjunto entre la ciudadanía y los distintos niveles de gobierno, con sus diversas instituciones, incluida la función jurisdiccional y la fuerza pública, harán posible que bajen las cifras del consumo de droga y, por ende, decrezcan las tasas de violencia y criminalidad en el país.