Candidatos vemos, récord judicial no sabemos. El Código de la Democracia, desde 2009, les abrió las puertas a personas descalificadas moralmente (con procesos judiciales por estar involucradas en delitos) para postularse a cualquier dignidad. Y todo amparado bajo el principio de presunción de inocencia, derecho del que se ha abusado en nuestro país. Nada garantiza la idoneidad de los aspirantes.

En ese saco entran los glosados por la Contraloría, acusados de violencia intrafamiliar, de abuso sexual, insolventes, deudores al fisco, entre otros mañosos. ¿Cómo es posible que sea candidato alguien que no ha sido honesto y eficiente, que ni siquiera ha podido administrar bien los recursos públicos y que lo más probable es que repita esas malas prácticas?