Las pequeñas localidades, antes conocidas por su tranquilidad, están viendo alterada su paz por la creciente presencia de organizaciones criminales. Este problema, que antes afectaba principalmente a las grandes ciudades, está ahora golpeando a estas comunidades rurales, poniendo en riesgo la seguridad de sus habitantes y afectando negativamente sus economías locales, especialmente en sectores como el turismo.

La responsabilidad de enfrentar esta amenaza recae en el Estado, que ha fallado en implementar políticas de seguridad efectivas y en dotar a las fuerzas del orden con los recursos necesarios. A pesar de la gravedad del problema, algunas autoridades locales prefieren minimizar la inseguridad para no ahuyentar a los turistas, lo que solo maquilla una realidad que requiere atención urgente y transparente, ya que al primer enfrentamiento sangriento por la pelea de territorio, los visitantes no volverán. ¡Así de sencillo!

Para preservar la seguridad y la estabilidad económica de estas localidades, el Gobierno y las autoridades locales deben actuar de manera decidida. En lugar de ocultar la situación, deben abordar la criminalidad de manera seria y contundente, fortaleciendo la presencia policial y colaborando con otras instituciones para desmantelar redes delictivas. Si no hay seguridad, tampoco habrá desarrollo económico.