No estar capacitado para ejercer una determinada función y alardear de que sí, es una estafa. Pasearse y estrechar la mano de ciudadanos esbozando una sonrisa para pedirles el voto, sabiendo en el fondo que son incapaces de ejercer con eficiencia un cargo es mentir. Algunos asambleístas muestran claramente no estar aptos para sus funciones. Desconocen el marco legal y conceptos básicos como el de una glosa, escriben mal sus propias propuestas, poco o nada aportan en el debate y, cuando lo hacen, evidencian más sus carencias: no saben ni leer lo que les entregan por escrito sus asesores.

Conocer sus falencias y pese a eso postularse a una dignidad de tal envergadura es sencillamente una estafa a los contribuyentes. Una en la que son corresponsables las organizaciones políticas por candidatizar a este tipo de rostros con poco crédito.

El problema no solo está en quienes sabiendo que son incapaces de dignificar tales cargos lo hacen, sino también en la permisiva ley electoral, que posibilita que estas personas sin ninguna base sólida puedan llegar tan alto. Una prueba de lectura comprensiva, de escritura y de legislación básica es necesaria como requisito para mejorar al menos un poco su calidad.