"Lo que vivió Paola, no quisiera que lo viviera otra niña; y lo que he sufrido yo, no quisiera que lo sufra otra madre", dijo Petita Albarracín, quien luego de 18 años, siente que se ha hecho justicia por la muerte de su hija.

La lucha de Petita, luego de la muerte de Paola ocurrida el 13 de diciembre en 2002, desembocó en un fallo histórico. Por primera vez, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decide sobre un caso de violencia sexual contra niñas y adolescentes en el ámbito educativo y crea estándares para protegerlas de abuso en toda la región. 

Paola se suicidó cuando tenía 16 años, luego de ser abusada sexualmente y embarazada por Bolívar Espín, el vicerrector del colegio donde estudiaba. El acusado nunca recibió un castigo y desde ese entonces Petita ha buscado justicia. La CIDH condenó al Estado ecuatoriano por no proteger a Paola de la violencia sexual que sufrió en un colegio público.

Es un fallo histórico porque establece por primera vez estándares para prevenir que las niñas y adolescentes sufran la violencia sexual en entornos educativos de toda América Latina y el Caribe, explicó ayer Lita Martínez, directora del Centro de Derechos Reproductivos y el Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (CEPAM) de Guayaquil, a través de una rueda de prensa.

Ella explicó que esta sentencia da contenido al abuso que sufren las niñas, niños y adolescentes en el ámbito escolar.

“Se ha limpiado el nombre de mi hija, que fue culpabilizada de los hechos ante la justicia ecuatoriana. Ahora queda claro que mi Paola fue víctima de un terrible abuso sexual que la llevó al suicidio. Ya los agresores no serán encubiertos nunca más. ¡Por fin se hizo justicia para mi Paola!”, dijo la madre.

El tribunal regional concluyó que Ecuador no le garantizó a Paola los derechos a la vida, integridad personal, a la protección de la honra y de la dignidad, educación, y a vivir libre de violencia y discriminación. Así, por primera vez se deja claro que el derecho a la educación debe contemplar la educación sexual y reproductiva.

Como a Paola no se le garantizó el derecho a la educación sexual y reproductiva, ella no tuvo herramientas suficientes para comprender y denunciar el abuso del que estaba siendo víctima. El fallo explica que el vicerrector se aprovechó de una relación desigual, de poder y confianza para abusar de Paola. Aunque Bolívar Espín, como vicerrector, tenía un deber de cuidado con respecto a la adolescente, la atacó sabiendo que en Ecuador no existen medidas efectivas para evitar y denunciar la violencia sexual en entornos educativos.

Catalina Martínez Coral, directora regional para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos, destacó que “esta es una victoria sin precedentes. La Corte entendió que el caso de Paola es el de otras miles de niñas y adolescentes que fueron víctimas no solo de sus abusadores sino de la falta de educación sexual y reproductiva en toda la región”.

El pasado sábado 15 de agosto el presidente Lenin Moreno, anunció en su cuenta de Twitter que el Estado ecuatoriano ejecutará la sentencia dictada por la Corte IDH en el caso de Paola.