Con una discapacidad física del 77 %, en silla de ruedas, sin sonda para drenar la orina, junto con otras cinco personas privadas de libertad, en una sola celda y en un segundo piso. Así pasaba sus días Alejandro Loor Mendoza en el Centro de Privación de Libertad de Santo Domingo de los Tsáchilas. Pero su suplicio, que comenzó a mediados de 2020, habría de terminar. Un recurso de Hábeas corpus logró que el hombre cumpla su pena en su domicilio.

Loor sufrió un accidente de tránsito, producto del cual murió una persona, mientras que él sufrió lesiones, que lo dejaron con parálisis en la parte inferior de su cuerpo y sin capacidad de control de su vejiga, entre otros problemas. Debido al siniestro vial, el conductor fue declarado culpable de una muerte culposa y deberá cumplir tres años de pena privativa de libertad.

Una vez que se ejecutorió la sentencia, el 19 de agosto de 2020, Loor fue detenido. En el reclusorio al que fue llevado no contaba con asistencia para la higiene personal, ni podía asearse porque los baños no tenían acceso para personas con discapacidad. Las gradas le impedían salir al patio. Además, no poseía atención especializada y, al estar acostado o sentado en la silla de ruedas, le aparecieron úlceras, que le provocan dolor.

GESTIONES 

"(Loor) También recibía malos tratos de sus compañeros, por su condición", informó la Defensoría Pública, entidad que, al conocer el caso, buscó ayudar al privado de libertad.

"Después de estudiar el caso y debido a la evidente violación de sus derechos a una vida digna, a la integridad física, a la salud y vida, Wilson Valenzuela, defensor público del cantón Santo Domingo, tomó contacto con sus familiares, presentó una acción de garantía constitucional en defensa del señor Loor y, el 22 de diciembre de 2020, logró que la reclusión la cumpla en su casa, para que tenga los cuidados y asistencia adecuada", acotó la Defensoría.

Cifras de asistencia

La Defensoría Pública presta asistencia legal gratuita en casos penales; civiles; de familia, niñez y adolescencia; adolescentes en conflicto con la Ley; temas de inquilinato; laboral; movilidad humana; entre otros. De enero a diciembre de 2020, esta entidad atendió 233.834 solicitudes ciudadanas.

En Santo Domingo, la cifra llega a 9.950 procesos, 3.301 por asesorías y 6.649 por patrocinios. En asesorías el tema más recurrente fue el de familia, niñez y adolescencia (1.924) y penal (1.059), mientras que en patrocinios la mayor demanda tuvo que ver con el ámbito penal (3.986) y familia, niñez y adolescencia (2.444 casos).