David Ojeda fue asesinado de un tiro en el pecho y su amigo Jordan Rocano se recupera en un hospital tras recibir un disparo en el rostro y otro en el hombro.

El ataque armado del que fueron víctimas los jóvenes de 25 años sucedió en el Parque Solidaridad, entrada al barrio El Conde, en el sur de Quito, este jueves 3 de octubre. Ninguno de ellos registra antecedentes penales.

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Según información policial, una hora antes del atentado, agentes retiraron a seis personas que estaban en el lugar, entre ellos Ojeda y Rocano, quienes volvieron a las 20:25 y fueron atacados por dos individuos en motocicleta.

Los sicarios huyeron por un callejón y las autoridades todavía tratan de determinar cuál fue la causa del hecho violento y si estaría relacionado con la pugna que existe entre bandas criminales por la venta de estupefacientes dentro del Parque Solidaridad, un espacio verde con más de 450 metros de longitud.

Este tipo de actos es una de las razones por las que el presidente Daniel Noboa incluyó a la capital en la lista de las ocho provincias y dos cantones en las que rige un nuevo estado de excepción desde el jueves.

En el decreto presidencial se detalla que la Secretaría General de Comunicación remitió un documento en el que constan los crímenes en los que hubo mayor índice de violencia y que fueron registrados por medios nacionales e internacionales.

El periodo que se tomó en cuenta para este análisis fue del 1 al 25 de septiembre de 2024, en las localidades donde rige el estado de excepción.

Entre las 10 noticias más sangrientas que ‘puntuaron’ los medios extranjeros están el asesinato de la Directora del Centro de Privación de Libertad Guayas No. 1 y un ataque armado registrado en Quito.

En el documento no se precisa cuál fue el hecho de la capital, pero pudo tratarse de la masacre ocurrida en una peluquería de La Roldós, en el norte de la ciudad, la noche del 19 de septiembre. Sujetos armados asesinaron a cuatro jóvenes y a la dueña del negocio. Otra mujer resultó herida .

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Al finalizar este apartado dentro del decreto se menciona que “por tanto, denota que la violencia suscitada en el país ha logrado conmocionar a escala internacional”.

Además, de forma preocupante se especifica que la dinámica de la violencia ha fluctuado por parte de los grupos armados organizados, a pesar de las medidas constitucionales adoptadas por el Gobierno Nacional.

Un informe de la Policía demuestra que en septiembre de este año hubo un incremento del 38% de muertes violentas en comparación al mismo periodo del año pasado, en la capital. En 2023 hubo 16 casos y en 2024 se registraron 22.

Esto ha provocado que la ciudadanía tenga más temor. La masacre ocurrida en La Roldós provocó que los dueños de los negocios de la avenida N-85 cierren sus locales antes de las 21:00. Aseguran que están en medio del fuego cruzado de las organizaciones criminales.

El atentado que dejó cuatro víctimas mortales es el tercero que ocurre en menos de seis meses en peluquerías del sector.

Los funerales de los asesinados se desarrollaron en la clandestinidad porque los familiares creían que habría algún tipo de ataque armado. Según el Observatorio Nacional de Participación Ciudadana y Seguridad Integral, los quiteños están alarmados por la violencia criminal.

Juan Carlos Rojas, director del observatorio, puntualizó que los comités de seguridad, la organización barrial, los chats comunitarios, las capacitaciones y charlas de prevención del delito no son suficientes para llegar a un nivel mayor de participación de los vecinos en temas de inseguridad.

Según el académico y experto en seguridad, existen factores como el temor a represalias por informar sobre actos delictivos o denunciar a miembros de estructuras criminales. “Se demostró mediante encuestas que la participación en las asambleas barriales en temas referentes a inseguridad no pasan de un 8 a 12 por ciento del total de la población del sector”.

Además, Rojas precisó que en un último estudio realizado en la capital se llegó a la conclusión de que la percepción de inseguridad se sitúa en un 79 % de los encuestados.

Yadira Noboa juega barajas con sus vecinos en el sector de San Juan, en el centro de la capital. Junto a ellos hay una pared en la que está dibujado un grafiti. En este se puede ver a una mujer policía empuñando una pistola junto a un delincuente con esposas.

Frente al grupo hay dos letreros en los que se lee: “¡Advertencia!, barrio unido contra la delincuencia”.

Noboa menciona que la percepción de inseguridad ha cambiado en la capital. Para ella, los asesinatos, crímenes y atentados solo se veían en otras ciudades como Guayaquil. Añade que ahora ese tipo de hechos violentos se han normalizado en la capital. “Salgo con miedo a la calle porque no se sabe lo que pueda pasar. Durante un hecho delictivo, los criminales se pueden confundir y hasta ahí llegamos”.

La moradora mira con preocupación cómo el crimen organizado ha ganado terreno en la capital y no quiere vivir bajo el temor de que dichas estructuras gobiernen los barrios. Ante esta nueva realidad, el experto en seguridad, Fernando Carrión, aseguró que ya se estaría dando una expresión de hegemonía de las bandas dentro de la comunidad.

Según su análisis, las ‘vacunas’ son una expresión con la que la criminalidad se está apoderando de la comunidad. Por un lado, porque estas extorsiones tienen como finalidad generar recursos económicos para las agrupaciones y por otro, tener el control del territorio. “Es el pago de un impuesto que no lo cobra el Estado sino las estructuras criminales”.

Carrión advirtió que si esta problemática avanza sin que haya la actuación de las autoridades, los barrios quedarían en manos de las organizaciones delictivas en donde ni siquiera podrían ingresar la Policía.

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Con respecto a si la capital se podría convertir en una ‘nueva Guayaquil’, el experto dijo que no es probable por la situación geográfica, debido a que Quito no es un puerto. Por ende no puede entrar ni salir grandes cantidades de droga, materia prima para subsistencia del crimen organizado.

Sin embargo, Carrión enfatizó que en la capital se vive otra dinámica. “Es un lugar de consumo y bodegaje de droga”. Para el experto, esta es la razón principal para que los grupos terroristas se disputen violentamente los mercados ilegales e incrementen los casos de sicariatos y asesinatos.

Esta afirmación se puede comprobar con las cifras del Ministerio del Interior en las que se puede ver un incremento de ambos delitos entre los años 2023 y 2024.

Uno de los argumentos que el Gobierno Nacional tuvo para declarar en estado de excepción a Quito es el incremento de hostilidades, el cometimiento de delitos e intensidad de la presencia prolongada de grupos armados organizados.

Esta declaratoria de emergencia durará 60 días y en Quito no habrá toque de queda. Sin embargo, las medidas que sí se aplicarán son la inviolabilidad de domicilio. Es decir, que se pueden realizar inspecciones, allanamientos y requisas por parte de la Fuerza Pública.

También se suspende el derecho a la libertad de reunión. Esto implica que no se puede realizar cualquier acción o actividad que afecte la seguridad y el orden público.

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