La muerte por degollamiento de una niña de 4 años, en Quinsaloma, provincia de Los Ríos, conmocionó al país y puso en tela de juicio el control de las autoridades para estos crímenes.

La menor fue interceptada por un sujeto cuando salió de su casa, el 11 de diciembre. De un tajo le cortó la tráquea. Además, se investiga si hubo violencia sexual. La criatura permaneció durante tres días en la Unidad de Cuidados Intensivos, en Guayaquil, pero no resistió.

No ha sido el único caso. En agosto, una pequeña murió en manos de su padrastro y las investigaciones iniciaron un mes después, en Macas. Y los asesinatos no paran.

Sybel Martínez, vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos de Quito, indicó que en 2020 se han registrado 30 asesinatos a menores de edad en todo el país, 18 de ellos fueron niñas. La mayoría de víctimas fueron golpeadas hasta morir, recibieron puñaladas o cortes en su cuerpo. Sus victimarios, en casi todos los casos, pertenecen a su círculo familiar.

Los datos de la Fundación Aldea revelan que en 2019 hubo 6 homicidios de mujeres menores y en 2018 se reportaron 10.

Geraldine Guerra, representante de la fundación, señaló que en Ecuador 65 de cada 100 mujeres han sido víctimas de violencia en algún momento de su vida y que esto también incluye a las niñas y adolescentes.

NO COINCIDE 

A pesar de que varias organizaciones de derechos humanos manejan cifras similares con respecto a crímenes en contra de los niños, en el 2020, la unidad policial encargada de muertes violentas, Dinased, indicó que se registraron 25 homicidios intencionales en contra de niños. 

Esto significa, según los datos de la misma entidad, que en los últimos dos años hubo un incremento de este tipo de delitos. En 2018 hubo 16 casos y en el 2019 se registraron 18 muertes en contra de menores de edad. Este año subieron a 7 casos.

Sin embargo, Martínez señaló que las cifras de la Policía no revelarían la realidad. Ella hizo el seguimiento de dos muertes violentas de niños en Quito y evidenció inconsistencias.

La activista indicó que en uno de esos casos las autoridades hicieron pasar un posible asesinato por un suicidio. “Al niño le arrancaron el cabello, lo mordieron, lo golpearon y en el informe consta que murió luego de una caída”, señaló.

Martínez añadió que la pandemia por el coronavirus empeoró la situación de las niñas que sufren maltrato intrafamiliar porque se suma el problema económico y la falta de atención en las entidades de seguridad. “Las mujeres pueden salir, pero las pequeñas no tienen opción. No tienen a dónde acudir”.

Además, la activista social enfatizó que ninguna autoridad se ha hecho cargo de la violencia en los niños, lo que se traduce en una falta de protección integral a los menores. Según la experta, todavía se vive en una sociedad donde se ve a los niños como objetos de tutela y no como sujetos de derecho.

Al cambiar esta perspectiva, los menores deberían recibir información como cualquier ciudadano, pero acorde a su edad y madurez. Pero a diferencia de otros grupos de atención prioritaria, ellos no pueden llevar el problema al campo político. La fiscal General del Estado, Diana Salazar, exhortó al Gobierno de Lenín Moreno a destinar mayor presupuesto a la Ley de Erradicación y Violencia de Género.