El presidente Daniel Noboa declaró el jueves 3 de octubre un nuevo estado de excepción en seis provincias del país y estableció un toque de queda en 20 localidades para hacer frente al aumento de la violencia en algunas áreas.

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La acción, establecida mediante el Decreto Ejecutivo 410, se debe a la "grave conmoción interna y conflicto armado" que enfrenta el país, según indica el documento oficial.

Las provincias afectadas incluyen Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena y El Oro, así como el Distrito Metropolitano de Quito en Pichincha y el cantón Camilo Ponce Enríquez en Azuay. La medida tiene como objetivo reducir los altos niveles de criminalidad y fortalecer las acciones de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en estas áreas.

El decreto tendrá una duración de 60 días y durante este tiempo se suspenderán ciertos derechos constitucionales, como la inviolabilidad del hogar, la correspondencia y la libertad de reunión. Sin embargo, se aclara que estas restricciones no afectarán el derecho a manifestarse de forma pacífica.

El Gobierno justifica esta decisión afirmando que la situación en las provincias ha llegado a niveles críticos debido a la actividad de grupos delictivos organizados. El documento presidencial señala que "las hostilidades han aumentado considerablemente, poniendo en riesgo la estabilidad y la seguridad"

El Decreto Ejecutivo impone un toque de queda en 20 localidades del país, desde las 22:00 hasta las 05:00, que estará en vigor por los próximos dos meses. Las localidades afectadas son:

El Gobierno ha advertido que quienes no cumplan con estas restricciones podrán ser detenidos y entregados a las autoridades, a excepción de los trabajadores de sectores esenciales como salud, seguridad y logística.

El estado de excepción implica un aumento en la presencia de militares y policías en las provincias afectadas, con el objetivo de restaurar el orden público. Las fuerzas del orden tendrán amplias facultades para realizar operativos y controles en las zonas designadas. Sin embargo, estas acciones también han generado críticas desde diversos sectores, que consideran que el despliegue militar no es una solución estructural a la violencia.

Durante el toque de queda, los ciudadanos no podrán estar en las calles o en espacios públicos en los horarios establecidos, a menos que cuenten con una justificación válida, como trabajar en sectores esenciales. Estas medidas excepcionales han sido empleadas en varias ocasiones en los últimos años, reflejando los desafíos de Ecuador en materia de seguridad pública.

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