Para solicitar la prescripción de una deuda, cuando el monto a pagar resulta ‘imposible’ de saldar, el deudor debe iniciar un proceso legal. Antes de consultar con un abogado, el deudor debe considerar que existe un plazo legal para solicitar la prescripción. Esto significa que debe haber pasado un período sin realizar pagos. Este período es de 10 años para deudas con entidades financieras (bancos) y casas comerciales privadas.

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Para deudas con entidades gubernamentales, como el Servicio de Rentas Internas (SRI), el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE), la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) y algunos Gobiernos Autónomos Descentralizados, el plazo es de 5 años.

“El plazo comienza a contarse desde el día siguiente al vencimiento del pago que no se realizó”, explica el abogado César Coronel Garcés, especialista en deudas y vocero de la plataforma Defensa Deudores Ecuador.

Una vez transcurrido el plazo requerido, el deudor debe solicitar la prescripción de la deuda ante un juez, idealmente con la asistencia de un abogado.

Si la deuda es con una entidad privada, la solicitud debe hacerse ante un juez civil. Para deudas con entidades públicas, se debe presentar ante los jueces del Tribunal de lo Contencioso Administrativo o en la sede administrativa de la institución correspondiente. El juez debe formalmente declarar la prescripción de la deuda para que esta sea legalmente eliminada.

El deudor debe asegurarse de no haber realizado pagos, acuerdos o convenios que interrumpan la prescripción, ni haber recibido notificaciones de demandas judiciales o coactivas para beneficiarse de este proceso. La prescripción abarca tres aspectos clave: la declaración formal de la prescripción, la eliminación de la deuda y la rehabilitación del deudor, que incluye la eliminación de su información del Buró de Crédito.

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Es importante destacar que este proceso no es aplicable a todas las deudas, ya que algunas, como las relacionadas con pensiones alimenticias, no prescriben debido al interés superior de la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes establecido por la Constitución.

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