La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó una ley que permite aplicar el referéndum de abril pasado sobre reformas a la seguridad y justicia, e incrementó las condenas en doce tipos de delitos como el asesinato, el secuestro, la minería ilegal y el narcotráfico.

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Por unanimidad y con 132 votos, los legisladores ecuatorianos aprobaron el texto definitivo de la Ley Orgánica para la Aplicación de la Consulta Popular y Referéndum del 21 de abril de 2024, informó el Legislativo en un comunicado.

La aprobación de la normativa se dio el lunes, luego de 48 horas de que una Comisión Especial de la Asamblea entregara el texto de borrador que sistematizó las observaciones recogidas durante el segundo debate de la ley.

El asambleísta socialcristiano Carlos Vera, quien promovió el informe de aprobación, destacó la actitud de sus colegas para entregar al poder judicial y a la ciudadanía un instrumento legal que permite al Estado luchar contra la inseguridad y la delincuencia en cualquiera de sus formas.

El texto final del informe incluye reformas al código penal y aplica incremento del tiempo de penas en doce delitos como la trata de personas, el asesinato, el sicariato, el secuestro extorsivo y la producción y tráfico de drogas.

También aumenta las penas en casos de minería ilegal, lavado de activos; tráfico de armas de fuego, químicas, nucleares o biológicas; terrorismo y su financiación, y la delincuencia organizada.

Asimismo, la norma establece que las personas privadas de libertad no podrán acceder al régimen abierto y semiabierto (arresto domiciliario o mixto), y tipifica el delito de tenencia y porte no autorizado de armas de fuego, cuyo uso es exclusivo de las Fuerzas Armadas y la Policía.

Respecto a la Ley Orgánica de Extinción de Dominio (expropiación de bienes de origen ilícito), la Asamblea estableció que esta norma estará ligada a delitos como la concusión (exigencia de pagos por servicios públicos), cohecho, peculado (malversación), enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

También se aplicará la extinción de dominio en casos de producción o comercialización de drogas, tráfico de personas, terrorismo o su financiación, asesinatos, sicariatos, secuestros extorsivos, tráfico de armas, minería ilegal y delincuencia organizada.

"Esta normativa es un paso más hacia la construcción de un Ecuador con mejores condiciones de seguridad para todos", aseguró Vera sobre los objetivos de la normativa aprobada por unanimidad en el Parlamento.

El trámite de esta normativa generó un roce entre el presidente del país, Daniel Noboa, y la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, ya que el gobernante cuestionó una supuesta actitud del Legislativo para evitar acoger la iniciativa del Ejecutivo para el aumento de penas.

La Asamblea replicó al gobernante al asegurar que no era cierto su cuestionamiento y que en la mayoría de delitos involucrados en las reformas se incrementaba las penas a 26 años de prisión, como había sugerido el Gobierno.

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