En los últimos años, la propuesta de convocar a una nueva Asamblea Constituyente en Ecuador había pasado casi desapercibida. Sin embargo, de cara a las elecciones generales de febrero de 2025, esta idea comienza a ganar fuerza entre los candidatos presidenciales.

Varios aspirantes a la presidencia han expresado la necesidad de realizar reformas profundas a la Constitución. Entre los temas más discutidos figuran la reestructuración del Estado, reduciéndolo a tres poderes; la modificación del sistema parlamentario; y la eliminación de los llamados ‘candados’ que obstaculizan la inversión privada extranjera.

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No hay claridad

La última experiencia de una asamblea constituyente en el país fue impulsada por el gobierno del expresidente Rafael Correa en 2007, culminando con la aprobación de la Constitución de Montecristi en 2008. Una Carta Magna que, según sus promotores, se destacó por ser pionera al abordar temas como la soberanía, la dignidad y la plurinacionalidad, entre otros hitos.

Más de 15 años después, la idea de una nueva asamblea constituyente vuelve a tomar fuerza entre los aspirantes al Palacio de Carondelet. Sin embargo, esta propuesta difícilmente podría generar el mismo impacto que tuvo en Montecristi, según señala Alberto Acosta Espinosa, expresidente de la constituyente promovida por el correísmo.

“Las candidaturas que proponen convocar a una Asamblea Constituyente lo hacen sin especificar públicamente para qué. Algunas ni siquiera han hecho un esfuerzo por comprender lo que significa una Constituyente; proponen por pura novelería”, comenta, y subraya que el problema radica en el objetivo que se persigue con esta medida.

Por ejemplo, Acosta sostiene que esta idea surge, principalmente, de sectores que “buscan un borrón y cuenta nueva para que, inclusive, algunos de sus líderes puedan escapar de la justicia. Y otras lo hacen intentando desmontar aquellos elementos transformadores de la Constitución de Montecristi (...)”.

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Nuevo proceso y sus riesgos

Santiago Pérez, docente investigador de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), sostiene que la Constitución de Montecristi necesita ajustes, pero advierte que convocar a una asamblea constituyente podría ser perjudicial para el estado de derecho y la democracia en Ecuador.

“Tenemos 16 candidatos a la Presidencia. Eso refleja la falta de consenso en el país para construir políticas públicas”, comenta Pérez, y subraya que redactar una nueva Constitución equivale a reconfigurar el contrato social entre los diversos sectores políticos y sociales, un desafío mayúsculo en el actual contexto de polarización y crisis política.

Para él, la solución pasa por explorar alternativas como las enmiendas constitucionales y las reformas parciales, que permiten realizar cambios puntuales sin sacrificar estabilidad.

“No necesitamos una nueva Constitución para refundar el Estado. Existen herramientas menos costosas y disruptivas”, enfatiza Pérez.

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Además, advierte que un proceso constituyente implicaría destinar recursos vitales para áreas prioritarias como seguridad, educación y salud.

Pérez también alerta sobre las posibles consecuencias de una constituyente: “El Estado podría quedar paralizado, sin dimensionar el impacto social y económico. Además, el correísmo podría aprovechar la oportunidad para reintroducir temas previamente rechazados, como la reelección indefinida”.

Por su parte, Alberto Acosta Espinosa opina que, si los ecuatorianos deciden optar por una nueva constituyente, esta debería enfocarse en ampliar derechos y garantías, además de innovar en las instituciones clave del texto de Montecristi.

Pero, ¿por qué la idea de una constituyente comienza a ganar fuerza en el panorama electoral de 2025? Caroline Ávila, especialista en comunicación estratégica, apunta al contexto electoral como la clave.

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“La idea de cambio es seductora. Casi todas las candidaturas, incluida la oficialista, apelan a ese discurso. Esto resuena especialmente cuando 8 de cada 10 ecuatorianos creen que el país va por mal camino”, explica.

No obstante, Ávila advierte sobre un riesgo latente: “Si se convoca a una constituyente, el voto militante podría favorecer a quienes promovieron la Constitución anterior, dando lugar a propuestas que contradicen las expectativas de cambio”.

Los posibles cambios

Algunas candidaturas en Ecuador han puesto sobre la mesa una propuesta clave: la reestructuración de los poderes del Estado. Actualmente, el país se organiza en cinco funciones: Legislativa, Ejecutiva, Judicial, de Transparencia y Electoral. Sin embargo, la iniciativa busca simplificar esta estructura, regresando al modelo tradicional compuesto únicamente por la Presidencia, el Parlamento y el sistema judicial.

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En línea con este cambio, otras propuestas abogan por reinstaurar un sistema bicameral, con una Cámara de Diputados y una de Senadores. Según los impulsores de esta idea, el objetivo es reducir el número de legisladores y garantizar una selección más rigurosa de sus perfiles.

La reciente crisis energética que afectó al país también ha motivado nuevas iniciativas. Algunas candidaturas plantean, a través de una Asamblea Constituyente, eliminar el monopolio estatal sobre los servicios públicos. Esto abriría la puerta a la participación de empresas privadas, nacionales o extranjeras, en áreas estratégicas, con el propósito de mejorar la eficiencia y evitar futuras crisis.

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