Andrés Ayala madrugó ayer hasta La Marín, en el centro de Quito, para limpiar las paredes y las calles porque hace cuatro meses no les hizo caso a las autoridades.

El joven, de 21 años, recordó que estuvo bebiendo en una calle de Carcelén con amigos y familiares. Cuando llegaron los uniformados para retirarles del lugar, Ayala no habría querido irse y fue sancionado por beber en la vía pública.

Comentó que en un inicio tenía pensado pagar la multa, pero cuando se enteró que eran 100 dólares prefirió llegar a una ‘negociación’ con el Municipio. La otra alternativa era coger una escoba y realizar trabajo comunitario en la ciudad.

Ayala y otras 30 personas recorrieron las veredas del Centro Histórico recogiendo escombros y quitando las pancartas de las paredes. “Sabiendo que me tocaba hacer esto no bebía en la calle”, dijo.

En la actividad de limpieza también estuvo presente Erika Jiménez, directora jurídica de la Agencia Metropolitana de Control (AMC). La funcionaria supervisó que los sancionados realicen bien su labor y que se cumplan con los tiempos.

Según la abogada, cada hora trabajada representa dos dólares. Es decir, si la persona cumple con 50 horas de trabajo comunitario estaría supliendo los 100 dólares de multa. Esta sanción se duplica cuando el ciudadano cometa nuevamente la infracción.

Jiménez señaló que los controles que se hacen en el espacio público son el uso correcto de la mascarilla, el distanciamiento social y la prohibición de gente bebiendo en las calles.

Hasta la fecha, la agencia ha sancionado a más de 2.000 personas por desobedecer estas normas. “Estamos en un momento álgido donde prima la responsabilidad social”.

Manuela Alulema fue otra mujer que realizó trabajo comunitario porque habría provocado aglomeraciones. Ella vende frutas en La Roldós y confesó que no volverá a cometer ese error para evitar sanciones.