La alerta de amotinamiento en el Centro de Privación de Libertad Zonal 8 (CPL), de Guayas, se transmitió por la frecuencia radial de la policía. Estaba por amanecer el 23 de febrero y Juan, gendarme del Distrito Pascuales, en el norte de Guayaquil, supo que debía ir.

Como él, otros uniformados debieron enfrentarse al ‘infierno’ que esta semana conmocionó al país. Y el agente, quien pidió mantener su nombre en reserva, detalló la jornada del terror.

“Nos pidieron que avanzáramos para ayudar ante los disturbios que estaban causando las PPL (personas privadas de la libertad)”. Al tiempo, algo similar empezaba a fraguarse en la Penitenciaría, a 500 metros del CPL, así como en las cárceles de Latacunga, en Cotopaxi, y Turi, en Cuenca, las más grandes del país.

Hasta ese momento, Juan no sabía lo que viviría con sus compañeros. Admitió que tenía miedo: el policía también es humano. “Uno no sabe de lo que son capaces de hacer estas personas para lograr su cometido”.

Dejó el patrullaje que hacía a 4,5 kilómetros del CPL y cuando llegó, el movimiento policial afuera ya estaba incrementándose e incluso se dispuso el cierre de la vía al cantón Daule.

Juan se unió a los demás uniformados para recibir órdenes tras analizar los hechos. “Supimos que algunos guías habrían sido secuestrados. Otros, en cambio, lograron salir”, recordó el uniformado.

PRIMEROS INGRESOS

Las horas pasaban. Miembros de las Fuerzas Armadas también fueron convocados porque la situación en Guayaquil no tenía control. Ellos se quedaron en la parte externa, ya que su misión solo es brindar apoyo a la Policía de esa manera, precisó Alejandro Villacís, contralmirante miembro del Comando Operacional número 2 ‘Occidental’ (CO2).

Asimismo, fue necesario llamar a agentes de la Unidad del Mantenimiento del Orden (UMO), contó el policía Juan. Con ellos se organizó una primera incursión, según el gendarme, junto a más uniformados del servicio urbano.

“Adentro, las PPL habían causado incendios. Además, habían cerrado con candados los pabellones y las celdas”. Eso les dificultó seguir avanzando.

El agente aseguró que, en su caso, no fue agredido porque la pelea era entre los internos, quienes, al comienzo, no tuvieron contacto con este primer grupo de la fuerza del orden.

Además, el tiempo estuvo a favor de los reos para cometer las masacres. Entonces se informó a equipos tácticos de la Policía para que ingresaran, tanto a los centros de Guayaquil como a las cárceles de Latacunga y Turi.

Juan esperó a que sus compañeros del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) y del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) arribaran con las cizallas para romper los candados y con los combos para tumbar las puertas.

“Los internos no escuchaban razones porque la pelea no paraba. En la frecuencia de radio nos comunicaban que ellos querían matar a tal o cual persona (líderes de bandas implicadas)”, añadió.

Afuera, en cambio, policías y militares se organizaron para no permitir escapes. “Logramos impedir la fuga de 10 privados de libertad. Los reos salieron de las instalaciones, pero la rápida intervención logró retenerlos”, señaló el oficial Villacís.

Mientras eso sucedía, los helicópteros sobrevolaban. Y en medio del despelote, el dolor de la gente por no saber lo que realmente sucedía con sus familiares adentro.

LA TRAGEDIA

Una vez, en el sitio, Juan y los demás dieron paso para que el GOE y GIR ejecutaran su trabajo. Hubo uniformados que grabaron el momento de la segunda incursión cuando arrojaban gas lacrimógeno entre el fuego del interior del centro.

Luego, rompieron las seguridades e ingresaron, ordenando a los reclusos que se arrojaran al piso. Les exigían que entregaran armas y la calma parecía que retornaría.

Según Itania Villarreal, exdirectora del antiguo penal García Moreno de Quito, estos centros son lo suficientemente amplios para que los equipos especiales se desplieguen con facilidad. “Se tiene una buena visibilidad de las celdas y muchos espacios abiertos”.

Aun así, los policías se exponen a un ambiente hostil, aseveró Santiago Nieto, exoficial de la Unidad Antisecuestro y Extorsión, quien analizó la toma de las cuatro cárceles.

A su criterio, una infraestructura carcelaria construida con todas las normas técnicas no siempre es garantía de seguridad para los agentes. También depende mucho de los protocolos que manejen entes como el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI), encargado de la vigilancia de estos centros. Se suma la capacitación de los guías penitenciarios y un sistema tecnológico óptimo. Si no, todo falla.

Para la tarde del 23 de febrero, los gendarmes tomaron -parcialmente- el control de este centro así como del resto de las cárceles. Sin embargo, las pérdidas humanas mostraron la magnitud de la tragedia: 79 muertos hasta esa fecha (ver infografía).

Juan contó que observó los cuerpos cuando avanzó la unidad de levantamiento de cadáveres de la Policía. En ese momento, se dio cuenta que el ataque entre las PPL había sido impresionante y brutal. “Comenzaron a sacar a los presos, algunos incinerados y otros descuartizados”, finalizó el uniformado que junto a sus compañeros se salvó de la lista de crímenes.