La impunidad es la ausencia de castigo ante un hecho delictivo. En Quito, esta definición cobra vida en una serie de casos alarmantes, en los que delincuentes son liberados sin enfrentar juicio por los crímenes que cometieron. Lo más preocupante es que, a pesar de haber sido detenidos en flagrancia, estos individuos eluden la justicia debido a fallos procesales que permiten su liberación, dejando en evidencia una grave falla en el sistema judicial.

La abogada penalista Nathalya Salazar explica que, luego de que los sospechosos son aprehendidos por algún crimen, se convoca una audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos.

Según el Código Orgánico Integral Penal, una de las condiciones fundamentales para que se dé esta diligencia legal es que debe realizarse antes de las 24 horas desde la detención del infractor.

Cuando esta audiencia no puede ser instalada a tiempo, es porque el juez que conoció del caso ha encontrado algún tipo de ilegalidad, arbitrariedad o nulidad en el proceso.

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La entrega tardía del informe o la presentación de los detenidos pocos minutos antes de que culmine el plazo de la flagrancia ha sido el motivo por el cual algunos jueces han dejado en libertad a sospechosos responsables de delitos que han causado gran conmoción social.

Salazar enfatizó que este tipo de situaciones contribuyen a la impunidad, pues los aprehendidos no son procesados y el caso queda en investigación preliminar. Según la abogada, la mayoría de los procesos que quedan en esta etapa son archivados por falta de impulso.

Procesos a la prisa en Quito

El 31 de octubre, tres hombres con antecedentes penales y una mujer fueron liberados por un juez. Un día antes, los detuvieron porque aparentemente participaron en el robo de 112 mil dólares de un cajero automático dentro de una farmacia en Llano Grande, al norte de Quito.

Para vulnerar las seguridades del dispositivo, los implicados habrían usado explosivos, lo que provocó un desastre en las instalaciones y causó temor entre la ciudadanía. Las autoridades determinaron que los detenidos eran integrantes de un grupo criminal dedicado al robo de entidades financieras y vehículos en la capital.

Sin embargo, el proceso judicial contra los sospechosos no se concretó porque el defensor público asignado a la defensa de los detenidos no se presentó ni pudo ser localizado para brindar asistencia técnica.

El 1 de noviembre, la Defensoría Pública emitió un comunicado en sus redes sociales, haciendo un llamado a las instituciones involucradas para que esclarecieran los procedimientos, ya que en este caso hubo inconsistencias desde el momento de la detención por parte de la policía, hasta el momento en que los detenidos fueron puestos a órdenes del juez.

Según el comunicado, la flagrancia se registró el miércoles 30 de octubre a las 04:00, pero el parte (informe policial) se puso en conocimiento de la autoridad judicial el jueves 31 de octubre a las 03:15.

El fiscal César Peña aclara que en situaciones como esta, la responsabilidad recae en la institución policial, ya que la entrega tardía de un informe genera especulaciones y dudas sobre la labor que realizan los uniformados. Y añade que si los policías notificaron al fiscal sobre la aprehensión de un sospechoso en flagrancia, deben elaborar el parte y entregarlo inmediatamente a la Fiscalía y la Defensoría Pública. “Eso es obligatorio, es de inmediato”.

Peña también apunta que esta falta de diligencia puede generar, más adelante, expedientes judiciales contra los uniformados por delitos como fraude procesal, alteración o manipulación de evidencia y falsificación de documentos públicos.

Posibles casos de corrupción que fortalecen la impunidad

El 29 de octubre, dos hombres, una mujer y un adolescente fueron detenidos en Carcelén, al norte de Quito, después de una persecución policial. Los sospechosos supuestamente circulaban en un vehículo robado y la policía se percató de ello.

Mientras los seguían, llamaron a otras unidades para que los interceptaran. Intentaron detenerlos en una avenida, pero los implicados casi atropellan a los agentes. Además, uno de los ocupantes del vehículo habría disparado contra uno de los oficiales.

Los detenidos fueron llevados ante las autoridades por el delito de ataque y resistencia. Sin embargo, la jueza que conoció la causa no calificó la flagrancia porque desde la detención ya habían transcurrido más de 24 horas. De acuerdo con la autoridad, en este caso el parte fue entregado tarde y hubo incongruencias en la versión de los agentes que detuvieron a los sospechosos.

La abogada Salazar señala que en estos casos es necesario iniciar los procedimientos disciplinarios correspondientes contra los servidores policiales que no cumplen con sus funciones y afectan la misión institucional. “Bajo ningún concepto, la flagrancia puede extenderse más allá de 24 horas”.

La jurista añade que situaciones de este tipo dejan en duda el comportamiento de los uniformados, quienes podrían haber recibido algún tipo de beneficio para actuar de manera tan negligente.

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Por su parte, el fiscal Peña indica que estas anomalías solo benefician a los delincuentes y, por consiguiente, contribuyen a la impunidad. Más allá de un acto negligente, Peña menciona que los policías también pueden haber sido amenazados por los criminales o simplemente ser corruptos.

Cuando existen estos casos de inoperancia, el fiscal explica que el juez puede ordenar la apertura de una investigación. Desde la Policía, se puede determinar una responsabilidad administrativa, mientras que desde la Fiscalía es posible investigar una infracción penal.

Pretexto para justificarse

El 2 de octubre, en el sector de Quitumbe, en el sur de la ciudad, la policía detuvo a cuatro miembros del grupo de delincuencia organizada (GDO) Los Lobos por tenencia ilegal de arma de fuego.

Este fue otro caso en el que la autoridad judicial indicó que los uniformados entregaron tarde el parte y que por esa razón no se podía realizar alguna diligencia que permita judicializar a los sospechosos, quienes tenían varios antecedentes penales por tráfico de estupefacientes y robo. Ellos quedaron libres y todo quedó en investigación previa. El caso se hizo mediático y el comandante de esta zona dijo en una rueda de prensa que una de las razones para que sus agentes entregaran tarde el informe fue porque no tenían luz por la crisis energética que atraviesa el país.

El fiscal César Peña aseguró que esta excusa no es una razón suficiente para justificar un mal proceder. “Pueden utilizar el celular para levantar el parte o movilizarse a un lugar en el que haya cobertura si se va el internet”, aclaró Peña.

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