En Quito, cuatro sospechosos vinculados a una presunta red de robo a cajeros automáticos fueron liberados luego de que la audiencia de flagrancia no pudiera llevarse a cabo debido a una situación que ha llevado a un llamado de atención, según consta en un acta emitida por la Unidad Judicial Penal de Flagrancia del Distrito Metropolitano de Quito. 

Los detenidos, identificados como Johnny Zamora, Paola Farinango, Rommel Escobar, y Héctor Velasteguí, fueron aprehendidos en un operativo policial que decomisó herramientas y equipos supuestamente utilizados para forzar cajeros automáticos. Sin embargo, en el proceso judicial, surgieron problemas que impidieron la audiencia y, en consecuencia, su permanencia en custodia.

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Los individuos fueron detenidos luego del robo ocurrido a un cajero automático en el sector Llano Grande, de la parroquia Calderón, al norte de Quito. EXTRA pudo conocer que el delito llevó a la sustracción de más de 112 mil dólares que había en el dispositivo, el cual fue abierto mediante explosión, lo que además ocasionó daños en la farmacia donde este se encontraba, la madrugada del miércoles 30 de octubre de 2024. 

Según lo dispuesto por la jueza encargada, la audiencia no pudo ser instalada porque el defensor público asignado a la defensa de los detenidos no se presentó, ni pudo ser localizado para brindar asistencia técnica, como lo exige el artículo 529 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) ecuatoriano. La magistrada recalcó que este factor vulneraba los derechos de los sospechosos, dado que sin representación legal no podía proceder a declarar la legalidad de la detención ni la flagrancia del delito, términos necesarios para mantenerlos bajo custodia.

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La resolución también instruye que se debe evitar que situaciones similares se repitan, señalando que la falta de defensa en una audiencia de flagrancia, en donde el tiempo es un factor crucial, afecta tanto la administración de justicia como el derecho a la defensa de las personas aprehendidas. En consecuencia, los detenidos quedaron en libertad por este caso, ya que no se cumplió con el debido proceso en el tiempo estipulado de 24 horas que establece la ley. Uno de ellos, al parecer, tenía boleta de captura por otro hecho delictivo. 

La situación ha generado preocupación, ya que estos individuos estaban bajo sospecha de pertenecer a una organización delictiva dedicada al robo de cajeros, según indicaron las autoridades en declaraciones previas. La ciudadanía también ha manifestado inquietud, pues el caso revela vacíos en el sistema judicial que permiten la liberación de sospechosos de delitos graves debido a problemas administrativos y de coordinación entre instituciones.

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