La Fiscalía General del Estado informó el 18 de mayo de 2024 que tres personas están siendo procesadas por supuesto lavado de activos en el caso Riesgos. Uno de los sospechosos es accionista de 27 empresas.

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El Ministerio Público señaló que está investigando los movimientos económicos injustificados de uno de los acusados, basándose en la emisión de un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) que fue enviado en 2015 por la entonces Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), ahora conocida como la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).

A raíz de esta alerta, la Fiscalía descubrió que Marco Lener Velasco Freire es accionista de 27 empresas nacionales y administrador de otras cinco. Por otro lado, Carlos Alonso Pico Guevara, en su papel de contador del empresario, habría ayudado a ocultar la procedencia del patrimonio de Velasco Freire.

Se alega que el contador gestionó la contabilidad de Velasco Freire y de varias de sus empresas, participando en actividades ilícitas que afectan el sistema financiero nacional, e incluso adquiriendo bienes en el extranjero. Según la Fiscalía, los delitos subyacentes que se están investigando son usura y defraudación tributaria. Todavía no se ha determinado la cantidad de dinero involucrada.

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Por su parte, Karina Marianela Proaño Proaño, quien se desempeñaba como funcionaria del Servicio de Rentas Internas (SRI), habría elaborado varios informes en los años 2018, 2019 y 2020 sobre las discrepancias en el patrimonio de Marco Velasco en comparación con sus declaraciones ante dicha institución, según un comunicado de la Fiscalía.

El comunicado añadió que la funcionaria encargada de este trámite habría recibido, analizado y posteriormente archivado los controles. Los procesados fueron arrestados la mañana del viernes 17 de mayo durante los allanamientos realizados en las provincias de Tungurahua, Manabí y Guayas.

La Fiscal de la Unidad Antilavado, a cargo de la investigación, mencionó durante la audiencia de formulación de cargos que el empresario imputado, según el análisis contable, sería un prestamista informal (usurero) y que habría presentado al menos quince demandas civiles para el cobro de letras de cambio y pagarés de diversas personas.

Como resultado de estas actividades ilegales, se identificó la adquisición de 69 inmuebles a nivel nacional, los cuales no han sido correctamente declarados ante el SRI. Entre las empresas vinculadas a Marco Velasco, ya sea como propietario o accionista, se encuentran algunas dedicadas a la compra y venta de vehículos e inmuebles, talleres de servicio automotriz, empresas de turismo y una emisora de radio en la ciudad de Ambato.

Además, tendría participación en sociedades y corporaciones en donde, al menos en 17 de estas, poseería más del 50% de las acciones. La fiscal del caso presentó cargos contra Marco Velasco como autor, Carlos Pico como coautor, y Karina Proaño como cómplice de la infracción.

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La jueza de turno notificó el inicio de una instrucción fiscal de 90 días y dictó medidas cautelares que incluyen presentaciones periódicas y la prohibición de salir del país para los tres procesados. Aunque no aceptó el pedido de incautación, la jueza sí ordenó la prohibición de enajenar al menos catorce inmuebles identificados por la Fiscalía.

Estas propiedades están valoradas en aproximadamente siete millones de dólares: nueve inmuebles en la provincia de Tungurahua y cinco en la de Pichincha. Los procesados podrían enfrentar una pena de diez a trece años de cárcel.

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