El estado de salud de la funcionaria del Servicio Nacional de Atención a Presos (SNAI), quien fue víctima de un ataque en su contra en El Trébol, en el centro de Quito, es estable, según confirmó una pariente a EXTRA.

Sin embargo, la salud de su pareja es preocupante. Ambos viajaban en un vehículo por este sector de la capital la mañana del 19 de septiembre, cuando fueron interceptados por sicarios en motocicleta.

“Una bala atravesó el cuello de mi pariente y dos tiros se alojaron en el tórax de su esposo”, precisó la allegada, quien también habló sobre la labor que desempeñaba la funcionaria.

La familiar explicó que la víctima es abogada y representa al SNAI en audiencias donde se evalúan diversas peticiones de los delincuentes, como beneficios penitenciarios o habeas corpus.

“La posición jurídica que debe tomar puede generar molestias en el privado de libertad al que tendrá que enfrentar en el juzgado”, indicó.

Según la allegada, el resultado de una de estas diligencias pudo haber comprometido la vida de la funcionaria. “Ella es incorruptible, y el ataque pudo haberse originado porque, en alguna audiencia, no cedió a lo que el delincuente quería”, dedujo la familiar, quien también fue funcionaria penitenciaria.

(Conozca más detalles sobre este tema: Asesinato de director de cárcel en Sucumbíos: Ya estaba amenazado)

Un informe policial obtenido por EXTRA respalda la hipótesis de la allegada. El documento preliminar detalla que la funcionaria es “patrocinadora del Estado en un proceso sensible contra una estructura delictiva”.

Tras el ataque, comenzó a circular un panfleto en redes sociales con amenazas dirigidas a un gobernador y posiblemente al director del SNAI.

En la misiva, que carece de fecha, se exige que no se realicen más traslados a la cárcel de Cotopaxi, en Latacunga. “Nosotros no somos Lobos, somos Choneros”, se lee.

Los criminales advierten que si ocurre algo a sus cómplices durante los cambios de cárcel, habrá represalias contra guías y funcionarios penitenciarios.

EXTRA consultó al SNAI sobre la veracidad de estas amenazas, pero la respuesta fue que la inquietud debía ser trasladada a la Policía. Esta última entidad indicó que no era posible verificar la autenticidad de un panfleto enviado a través de WhatsApp o redes sociales.

“Es importante presentar la denuncia correspondiente en la Fiscalía General del Estado para iniciar una línea investigativa que permita recopilar información pertinente”, refirió la Policía.