Veinticinco años de luchar clamando justicia sin éxito les dejó dos cosas rescatables a Betty Valdivieso Ramos y Liduvina Peñafiel Morales: que las personas con VIH (virus de inmunodeficiencia humana) hayan sido visibilizadas humanamente en la sociedad ecuatoriana y el formar una “extensión de la familia” entre ellas y otras 19 personas.

Ese día falleció el primer paciente, Antonio Torres. El padre de Betty, Luis Heriberto Valdivieso Morán, murió a los 58 años, el 9 de septiembre de 1996; Carlos Rafael Mora Peñafiel, el mayor de los tres hijos de Liduvina, fue el último sobreviviente. Su deceso ocurrió el 10 de julio del 2011.

Sin sentencia

Los presuntos responsables del contagio masivo, los doctores Galo Néstor Garcés Barriga y Galo Fernando Garcés Lituma, padre e hijo, quienes estaban a cargo del centro médico, nunca recibieron una sentencia.

El 13 de agosto de 1996 se inició un proceso judicial en contra de ambos. La acusadora fue Betty. En tanto, el 22 de octubre de 1996 comenzó otro proceso penal contra Garcés Barriga, cuya acusadora fue Laura Villaprado, esposa de otro de los infectados.

El galeno, quien fue privado de su libertad el 19 de marzo de 1997, por esta segunda causa fue llamado a juicio en octubre de 1998. Él apeló el dictamen, pero el fallo fue ratificado en abril del 2000.

Previamente, en enero de 1999, el ciudadano salió libre al haberse acogido a lo que estipulaba el artículo 24, numeral 8 de la Constitución de la República vigente en esa fecha, el cual disponía que la prisión preventiva no podrá exceder de seis meses en las causas por delitos sancionados con prisión, ni de un año en delitos sancionados con reclusión.

Sin embargo se le dictaminó la prohibición de salida del país, pero en los meses posteriores, ninguno de los dos hombres fue localizado por la Policía. Eso provocó que ambos procesos prescribieran; el primero, en agosto del 2001; el segundo, en abril del 2002.

Los dardos apuntaban a que los contagios habrían sido provocados por malas prácticas en el tratamiento a los pacientes. “Era un ambiente tan pequeño, las vías (conductos empleados para realizar una hemodiálisis) estaban tiradas en el piso, chorreando sangre (...). No se garantizaban las medidas de bioseguridad”, explica Betty, quien en una ocasión entró a aquella sala.

Carlos, quien entonces tenía nueve años y padecía insuficiencia renal, le describía a su madre algo igual. “Mami, a mí me ponen el mismo filtro (empleado con otras personas) cuando llego”, le decía su niño.

Hermandad, a pesar de todo

Con el paso de los años, Betty y Liduvina ríen para no llorar. La amarga experiencia de la impunidad y de la muerte de alguien a quien se ama las ha unido.

Cuando se ven, se saludan con un abrazo fuerte y una a la otra se bromean advirtiéndose que no pueden quitarse los años. Ambas tienen 58 y llevan conociéndose casi la mitad de ese tiempo.

A la hija menor de Liduvina le gusta la lasaña que hace Betty. Y como el pasado fin de semana la joven, de 25 años, estuvo de ‘cumple’, la mujer la complació preparándole su comida favorita. Así de apegadas son.

La camaradería entre las madres de familia es evidente. A partir de las circunstancias difíciles que han atravesado han conformado una hermandad, a pesar de todo y contra todo.

“Nos tocó pasar muchas cosas dolorosas. El haber estado un mes en una huelga en la clínica, habiendo abandonado trabajo y familia, resultó duro”, comenta Betty.

Pese a la buena amistad, también las invade un sinsabor de que los casos no hayan culminado en sentencias. En los últimos años han intentado, junto a las otras 19 familias, que los juicios sean reabiertos, pero eso no ha ocurrido.

“Ya no hay ese mismo ánimo. Mataron nuestra confianza, nuestras esperanzas”, revela Peñafiel. Quisieron demandar, incluso, ante organismos internacionales, sin lograr nada hasta ahora.

La fémina refiere que muchos de los allegados de quienes perdieron la vida por los contagios también han muerto y no hay quién pelee por la causa. Otro problema es que no encuentran un abogado comprometido, dispuesto a representarlos por convicción, indistintamente de que haya un pago.

En enero de este año fue la última reunión entre todos los parientes, pero no acordaron algo concreto. Creen que la batalla no está perdida, pero la ‘pelotita’ está en la cancha de las autoridades judiciales.

Que se determinen culpables era lo que más anhelaban Luis y Carlos. “Mija, voy a estar en el juicio, les voy a decir que son unos criminales”, le decía Luis a Betty. El hombre había nacido en Paján, provincia de Manabí, pero desde chico vivió en Manta e hizo tanto por esa ciudad, que incluso la terminal terrestre lleva su nombre.

‘Carlitos’, como era conocido el vástago de Liduvina, también fue firme en sus convicciones, aunque le tocó vivir una difícil realidad. “Él decía que había perdonado el daño que le hicieron, pero no perdonaba a la justicia ecuatoriana porque nunca nos favoreció”, resalta la progenitora.

Su hijo, además del VIH que adquirió, padecía hepatitis C e hiperparatiroidismo, una alteración que provoca el exceso de la hormona paratiroidea en el torrente sanguíneo y que deriva en síntomas como huesos frágiles, cálculos renales, dolor abdominal, entre otros.

El muchacho nunca perdió la fe. Anhelaba ser periodista y daba charlas de motivación en todo el país. Escribió un libro en honor a sus compañeros fallecidos y siempre decía que la muerte era su “amiga” y que siendo niño le tocó aprender a ser hombre.

Su hermana mayor quiere seguir sus pasos y estudia periodismo. Hace poco terminó su tesis y la dedicatoria de su trabajo fue para Carlitos. Su ausencia le duele, pero lo recuerda con admiración.