La polémica situación presentada entre la fiscal general del Estado, Diana Salazar, y la asambleísta Pamela Aguirre, presidenta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, podría extenderse al campo penal. La representante del ministerio público ha señalado el posible cometimiento de un fraude procesal, un delito sancionado con prisión de uno a tres años. EXTRA consultó a dos penalistas expertos, quienes exponen sus puntos de vista.

Diana Salazar se retiró abruptamente de una comisión general de la Asamblea, el lunes 13 de mayo de 2024, a la que había sido convocada para que responda a preguntas relacionadas con los casos de delincuencia organizada León de Troya y Encuentro, cuyas investigaciones fueron unificadas.

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La funcionaria abandonó el sitio luego de que Pamela Aguirre acogiera el pedido del asambleísta Lenin Barreto, para que se dé lectura a una solicitud de comparecencia -de manera virtual- del exlegislador Ronny Aleaga, apodado el Ruso, quien es prófugo en el caso Metástasis, por su presunta relación con el narcotraficante Leandro Norero, asesinado el 3 de octubre de 2022.

Más tarde, la Fiscalía hizo en X (antes Twitter) un señalamiento de que Aguirre y Barreto podrían estar incurriendo en un posible fraude procesal, “al conocer información sobre una persona requerida por la justicia y no entregarla a las instituciones pertinentes”.

A eso se suma otro pedido formal realizado por Diana Salazar:

“Se solicita que se informe a la Fiscalía General del Estado cualquier dato que esté en su conocimiento respecto al paradero del ciudadano Ronny Aleaga Santos, en un plazo máximo de 48 horas. Durante el desarrollo de mi comparecencia se permitió la conexión del procesado por el delito de delincuencia organizada, Ronny Aleaga Santos”.

Aleaga se habría conectado, pero su comparecencia no se dio, porque habrían existido fallas técnicas. Sin embargo, por medio de un comunicado, Pamela Aguirre aseguró que ella desconoce el paradero del exlegislador y que “al atender la solicitud del asambleísta Barreto, no existió ninguna violación del procedimiento parlamentario”.

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El abogado Julio César Cueva detalla que se podrían abrir dos investigaciones en contra de Pamela Aguirre: una por fraude procesal, para determinar si ha incurrido o no en ese delito, y otra por incumplimiento de orden de autoridad competente, en caso de que no responda de manera adecuada a lo solicitado en referencia a la ubicación de Ronny Aleaga.

En contra de la fiscal general, en cambio, no se le podría atribuir una infracción penal, detalla el jurista, quien explica que a lo único que se podría apelar es a una causal para juicio político, pero el argumento sería débil, porque otros miembros de la comisión también se retiraron del lugar.

Con el último punto explicado por Cueva coincide el abogado Kléber Riofrío, pero en cuanto al tema del fraude procesal, sostiene que la Fiscalía actuó bien al pedir información acerca de Aleaga, pero considera que no habría elementos suficientes para que se configure ese delito.

El experto indica que el haber mantenido contacto, vía correo electrónico, no daría las certezas, a otra persona, para que conozca su ubicación, aunque esta la diga, porque se puede dar una dirección de domicilio, para hacer creer que está en determinada ciudad o país, cuando en realidad podría estar en otro lugar.

El presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, informó que lo ocurrido en la comparecencia de Diana Salazar será analizado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL), porque debe existir un llamado de atención o una sanción, porque este tipo de actos incluso afecta la imagen de la institución. Precisó que se estudia si hubo una violación al proceso legislativo.

La asambleísta Gissella Molina, por su parte, ha declarado que también denunciaría el hecho en la Fiscalía, porque los asambleístas de la Revolución Ciudadana, como Pamela Aguirre, estarían encubriendo a Ronny Aleaga.

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