La familia del teniente Germán Cáceres del Salto también sufre las consecuencias del femicidio de María Belén Bernal.

Así lo confirmó Édison Burbano, abogado de los allegados del policía, principal sospechoso del crimen. Tras ubicar el cadáver de la abogada, de 34 años, las puertas de las viviendas de los progenitores de Cáceres fueron destrozadas.

Y ellos, dos personas de la tercera edad, han sido amenazados con “armas de grueso calibre”, describe el defensor. “Han sufrido todo tipo de atropellos. Acoso psicológico y físico”, revela.

Burbano está consciente de la gravedad del crimen. Sin embargo, hace énfasis en que el dolor que hoy vive la familia del implicado (que lleva prófugo más de dos semanas) es tan real como el de Elizabeth Otavalo, madre de la víctima.

El abogado también aclara que desconoce el paradero de Cáceres. La última vez que tuvo contacto con el acusado fue el día que lo acompañó a rendir una versión libre y voluntaria en la Fiscalía. Allí retuvieron al sospechoso solo por ocho horas con fines investigativos. Luego lo soltaron y se les ‘peló’.

Durante los últimos años, Burbano ha asesorado a la familia del teniente en todo tipo de temas: civiles, laborales y hasta de inquilinato.

Incluso conocía a Bernal, pues ella había acudido con su esposo a la oficina del defensor para tratar algunos temas en el pasado, afirma. 

Espera un juicio con base en la ley

Para el abogado, es lamentable la ‘cacería de brujas’ que se ha iniciado en contra de los familiares del teniente Cáceres, a quienes considera víctimas colaterales de un delito injustificable. Entiende el dolor de los padres al ver a su hijo envuelto en un delito y espera que lo encuentren para que sea juzgado con base en la ley.

Seguimiento

El teniente fugitivo no recibirá quincena

Germán Cáceres tiene suspendidos sus pagos salariales hasta vuelva al trabajo o hasta que sea capturado, según explicó la abogada Valeria Mena.

La experta en temas penales señaló que el oficial cometió una falta muy grave al no asistir al servicio policial por tres o más días consecutivos, sin haberse justificado.

Por esto le abrieron un sumario administrativo y según el artículo 129 del Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público (Coescop) se aplica la medida de retención de pagos como el salario. Además, el teniente “no podrá hacer uso de uniforme, cargo, función y mando policial, así como de armas y bienes institucionales”.