El Gobierno Nacional enviará un nuevo estado de excepción a la Corte Constitucional para su aprobación, ahora respaldado por la Asociación Mundial de Juristas (AMJ). Según la AMJ, esta medida constitucional es necesaria en el país debido a que las condiciones que llevaron a la administración del presidente Daniel Noboa a declarar un conflicto armado interno aún persisten.

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En este nuevo intento, el Gobierno Nacional presentará un informe respaldado por la Asociación, según un video publicado por Presidencia, que afirma que "determinada decisión cumple con los parámetros establecidos a nivel constitucional. Por tanto, el propósito de este informe es contribuir con una opinión jurídica objetiva".

Este sería el tercer intento del Gobierno Nacional por declarar un nuevo estado de excepción en el país, después de que la Corte Constitucional declarara inconstitucionales dos intentos anteriores en fechas distintas. Uno de estos fue el decreto ejecutivo 275, emitido el 22 de mayo, el cual establecía esta medida focalizada en siete provincias y en el cantón Ponce Enríquez.

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El pasado 15 de junio, el Bloque de Seguridad de la administración de Daniel Noboa cuestionó la decisión de la Corte Constitucional (CC) que declaró inconstitucional el Decreto Ejecutivo 275, que establecía un estado de excepción localizado. El Régimen considera que la resolución "se aparta de la línea que el Gobierno está siguiendo".

El máximo órgano de control constitucional del Ecuador señaló que los hechos descritos por la Presidencia no constituyen una causa para declarar un conflicto armado interno, que es la única justificación para emitir el decreto que se aplicaba en las provincias de Guayas, El Oro, Santa Elena, Manabí, Sucumbíos, Orellana y Los Ríos, así como en el cantón Camilo Ponce Enríquez en Azuay.

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Para el Gobierno, el fallo de la Corte "puede limitar las acciones del Bloque de Seguridad", compuesto por los ministerios de Defensa e Interior. Defienden la decisión presidencial de establecer el estado de excepción, argumentando que es el curso adecuado y aseguran que la medida está respaldada por análisis técnicos y estratégicos, así como por el apoyo de los ecuatorianos.

En su fallo, la Corte Constitucional también señaló al Ejecutivo por no cumplir con los requisitos constitucionales para decretar el estado de excepción. Ante la resolución, el Gobierno sostiene que la medida presidencial ha logrado "repeler con contundencia al crimen organizado", y presentó cifras de los operativos realizados.

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