La Fiscalía ha iniciado una investigación sobre una posible nueva red de tráfico de combustibles, según documentos revelados este fin de semana. La indagación apunta a un grupo considerable de empresas presuntamente involucradas en actividades ilegales relacionadas con el almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución de derivados de hidrocarburos, gas licuado de petróleo y biocombustibles. 

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Entre las compañías bajo investigación se encuentran Oceanbat S.A., Métrica S.A., Vepamil S.A., Expodelta S.A., entre otras, además de entidades internacionales como Global Shareholdings (GSH) y Hispana Holdings de Costa Rica.

La Unidad Especializada en Delincuencia Organizada de la Fiscalía lidera el caso, y según la normativa vigente, el artículo 264 del Código Orgánico Integral Penal establece penas de uno a tres años de prisión por el uso indebido de hidrocarburos en actividades no autorizadas. 

La Fiscalía ha solicitado al Servicio de Rentas Internas información sobre el Registro Único de Contribuyentes de las empresas investigadas, y al Registro Civil de Guayaquil datos personales de alrededor de 30 individuos.

Una revisión de bases de datos públicas reveló que varias de estas empresas pertenecen al Grupo Vepamil, que desde 1994 ha operado en el sector de combustibles. Este grupo, además, ha estado vinculado a denuncias previas por defraudación tributaria.

El caso guarda similitudes con el escándalo conocido como "Triple A", en el que se investigó el tráfico de diésel subsidiado a través de empresas que desviaban el combustible a sectores no permitidos. Las investigaciones recientes incluyen allanamientos en Guayaquil y Milagro, realizados el 23 de julio.

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