Ana Belén Cordero, candidata a la Asamblea Nacional por el movimiento CREO, presentó un amicus curiae en la Corte Constitucional como parte del caso 1313-19-JP, conocido como el caso Amada. Este caso trata sobre la acción de protección presentada por los padres de Amada, una niña transgénero, contra el Registro Civil por la negativa de este último a cambiar su género y nombre en la cédula de identidad.

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En un video publicado en su cuenta de X (antes Twitter), Cordero declaró que, junto con Erwin Ronquillo, ingresó el recurso con el objetivo de evitar que menores de edad puedan cambiar legalmente su sexo en la cédula y que se habiliten terapias de hormonización y bloqueadores de pubertad provistos por el sistema de salud pública. “#ConNuestrosNiñosNo”, enfatizó en el mensaje que acompaña el video.

Contexto del caso Amada

La acción de protección fue presentada por los padres de Amada en respuesta a la decisión del Registro Civil de revertir el cambio de nombre y género previamente realizado en 2018. En ese año, Amada se convirtió en la primera niña transgénero en Ecuador en obtener un documento de identidad acorde a su identidad de género.

Tras enfrentar discriminación, violencia y falta de acceso a tratamientos médicos esenciales, la familia emigró al extranjero en busca de un entorno más seguro para Amada. Actualmente, el caso está en manos del juez sustanciador Richard Ortiz, quien debe presentar un proyecto de sentencia al pleno de la Corte Constitucional.

¿Qué es un amicus curiae?

El amicus curiae, que en latín significa “amigo de la corte”, es un recurso legal mediante el cual personas u organizaciones que no son parte directa en un caso ofrecen argumentos o información relevante para ayudar a los jueces a tomar una decisión fundamentada. En este caso, Cordero y Ronquillo argumentan que permitir el cambio de sexo en menores podría abrir la puerta a intervenciones médicas financiadas por el Estado, algo que consideran perjudicial.

Opiniones contrapuestas

La postura de Cordero ha generado debate en redes sociales y entre organizaciones de derechos humanos. Mientras sectores conservadores critican lo que perciben como una “imposición ideológica”, los padres de Amada sostienen que el cambio es crucial para garantizar los derechos de su hija y combatir la discriminación.

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La Corte Constitucional debe decidir no solo sobre el caso de Amada, sino también sobre la posibilidad de establecer jurisprudencia vinculante para casos similares en el futuro.

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