“Mi esposa murió por la ineptitud del presidente Daniel Noboa, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Finanzas. Su negligencia la arrebató de mi lado”, expresa entre lágrimas David Mora, de 47 años, al recordar a su esposa, Mercedes Macías, de 56 años, quien falleció por insuficiencia renal el 11 de septiembre debido a la falta de diálisis.

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Cristina Freire, vocera de la Asociación de Centros de Diálisis de Ecuador (Asodiálisis), asegura que en lo que va del 2024, aproximadamente 1.000 personas han muerto por falta de tratamiento de diálisis. De este total, el 50% (500 personas) fallecieron entre agosto y octubre.

Freire explica que desde enero, cientos de pacientes con insuficiencia renal, diabetes u otras enfermedades han experimentado demoras en la atención, menos sesiones de diálisis y falta de recursos en las clínicas.

Esto se debe a la demora en los pagos del Estado a las clínicas dializadoras, ya que los ministerios de Salud (MSP) y de Finanzas, y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) no han realizado los pagos pertinentes desde hace 15 y 13 meses, respectivamente.

El MSP adeuda 160 millones de dólares desde junio de 2023, mientras que el IESS debe cerca de 95 millones desde agosto de 2023, según Asodiálisis. De estas deudas, el MSP solo ha pagado la factura de diciembre de 2023, y el IESS está en proceso de pagar dos facturas.

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EXTRA se contactó con el MSP y el IESS para conocer su versión, pero no obtuvo respuesta. Desde el departamento de comunicación del IESS indicaron que no han dejado de pagar a las clínicas dializadoras y aseguran haber cancelado 72 millones de dólares, además de pagar 23,4 millones en septiembre a 65 establecimientos a nivel nacional.

Sin embargo, Asodiálisis sostiene que las facturas de 2023 no están auditadas y que la cancelación de los 72 millones es falsa, afirmando que solo hay registro de 23 millones pagados al 60% de las clínicas.

Mientras tanto, los pacientes como Alejandro Alonso sufren las repercusiones de esta deuda estatal. El número de sesiones y su duración se han reducido. Si antes eran tres sesiones de cuatro horas a la semana, ahora son dos, o tres de menor duración, entre tres horas y media y tres horas, lo que resulta en un tratamiento incompleto.

Los afectados también deben pagar de su bolsillo al menos una de cada tres citas, con un costo de 45 a 200 dólares por sesión, lo que eleva el gasto mensual a un promedio de 1.400 dólares, una cifra insostenible a largo plazo.

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Representantes de clínicas, que prefieren mantener el anonimato, indican que los gastos han aumentado, ya que además de tratar a los pacientes, deben invertir en generadores. Algunas clínicas han optado por comprarlos, con un costo de hasta 30 mil dólares, más el mantenimiento y el diésel, que suman 200 dólares en revisiones y 150 en combustible semanalmente.

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