La malicia para planificar atentados con explosivos contra locales comerciales también está enfocada en quienes hacen el trabajo más complicado. Los exponen al riesgo de morir por el estallido o de terminar recluidos, a cambio de recibir un pago bajo.

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Esta compleja realidad ha ocurrido en el distrito Portete, en Guayaquil, área en la cual se registraron 12 atentados con explosivos durante el último cuatrimestre. Ocho de esos casos llegaron a ser judicializados, a partir de las detenciones de los implicados.

Otra realidad en este distrito es que varios de los que han realizado los ataques son adolescentes. “Los menores son el brazo ejecutor de la amenaza. Son los que deambulan en la noche y madrugada colocando este tipo de misivas delictivas y activando este tipo de artefactos caseros explosivos”, explicó el teniente coronel Edison Molina, subjefe policial del referido distrito.

Respecto a cuánto se les suele pagar a estos menores, mencionó que, según la versión de un chico aprehendido anteriormente, les ofrecen de 10 a 15 dólares por cada activación de explosivos o entrega de papeles con amenazas.

Los muchachos son reclutados en los barrios por adultos con antecedentes penales. Sin embargo, dijo que detrás de los casos conocidos no están bandas delictivas con una fuerte estructura, sino pequeños grupos criminales sectorizados.

Atentado contra picantería

El último caso ocurrió a las 23:34 del jueves 16 de enero en las calles 32 y Maracaibo. Un sujeto arrojó un objeto detonante a una picantería y luego huyó junto a un compinche que lo esperaba cerca, en una tricimoto.

Desde hace dos años, los dueños del local venían recibiendo amenazas a través de mensajes telefónicos y panfletos, en los cuales les exigían llamar a un número para acordar un pago de dinero y ya no sufrir atentados.

Acciones adicionales de gendarmes

Según Molina, además de capturar a sospechosos, otras estrategias que han implementado es tener acercamientos con entidades bancarias para que bloqueen cuentas utilizadas para recibir los cobros de extorsiones.

Asimismo, ya se ha buscado tener apoyo de operadoras telefónicas para deshabilitar líneas empleadas para realizar las intimidaciones extorsivas.

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Molina también recomienda a los dueños de locales no exponer a la vista datos sensibles como números de teléfonos.

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