Dos parroquias del cantón Mejía (Cutuglagua y Uyumbicho) estarían afectadas por el fraccionamiento de tierras que, además, serían parte importante del ecosistema de la zona y no aptas para urbanizar.

Roberto Hidalgo, alcalde de ese cantón, dijo a EXTRA que la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria (Inmobiliar) puso en subasta 176 hectáreas de terreno en Cutuglagua para construir viviendas. “Esa es una zona agrícola, pero hubo un cambio de uso de suelo aparentemente fraudulento”, sostuvo Hidalgo.

Esa franja está en el límite entre Quito y Mejía, en el sector de Santa Rosa, donde ya se registra deforestación. “Administrativamente hemos tomado medidas. Esa ocupación ya tiene nueve sanciones”.

Dichas sanciones consisten en clausuras y multas a la Unión de Organizaciones Indígenas de Cotopaxi Residentes en Quito-Ecuador (Unoric-R.Q.E), que figura como propietaria de ese espacio, según el alcalde. Todas sin efecto alguno. Y se han llevado a cabo marchas y plantones tanto en el sitio como en las oficinas de Inmobiliar en Quito.

LAS AFECTACIONES

La tala de árboles, para Hidalgo, implica además un riesgo ambiental, pues al estar en una pendiente hay peligro de deslaves. “Ya ocurrió un evento hace unos meses. Uyumbicho y Amaguaña fueron afectados”, explicó.

Pero eso no sería todo, José Tumailla, dirigente del barrio La Florencia de Carapungo de Cutuglagua, comentó que el agua ha sido tomada por los nuevos ‘vecinos’. “No hay mucha capacidad y aun así han hecho conexiones”.

Y sucedería lo mismo con los cableados de energía eléctrica. “Solicitamos intervención de la Policía Nacional, porque un comisario con dos funcionarios no podrán hacer mucho”, advirtió Hidalgo.

BOSQUE PROTEGIDO

El segundo predio está ubicado en el bosque de Santa Catalina, en Uyumbicho. Allí, según los habitantes, se pretendería hacer la subasta para otra organización, también con el objetivo de urbanizar.

Santiago Terán, presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado de esa parroquia, dijo que ese es el pulmón de la localidad y que esas 219 hectáreas son un área protegida. “Allí hay especies endémicas como pumamaquis (árbol), lobos de montaña y hasta hemos visto pumas”, detalló Terán.

El riesgo de urbanizar esta zona estaría sobre todo en que al ser talados los árboles, podrían presentarse aluviones por el efecto de las lluvias. “Puede ser más fuerte que lo sucedido en La Gasca, en Quito”, dijo.

Luego de los reclamos, Inmobiliar emitió un comunicado en el que aclaró que la venta de Santa Catalina se desarrolló en “apego a la normativa vigente” y que no había prohibición o limitación por conservación ambiental. Como respuesta, el Municipio de Mejía anunció que dicha venta no será anotada en el Registro de la Propiedad de ese cantón.

EXTRA se comunicó con Unoric el 22 de agosto pasado, pero no hubo respuesta. Sin embargo, el 28 de enero de 2021 la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) publicó una alerta sobre esta organización. Allí se manifiesta que el 26 de enero “autoridades municipales, conjuntamente con un pelotón de policías tanto nacionales como municipales, cometieron actos de violencia en contra de la integridad física, y violación de los derechos de los miembros de la base de la organización”.

Además dijeron que existe una negativa de la Administración Municipal de Mejía para responder a sus pedidos.