El conflicto entre la Asamblea Nacional y el Ejecutivo escaló tras la promulgación de la Ley de Lavado de Activos, conocida como Ley Antipillos, por parte del presidente Daniel Noboa. Este lunes 9 de diciembre, el mandatario utilizó el recurso del Ministerio de la Ley para oficializar la normativa, previamente archivada por el Legislativo.

(Te invitamos a leer: Reacciones al fin de apagones: ¿Logro o promesa tardía del Presidente Noboa?)

La presidenta de la Asamblea, Viviana Veloz, calificó la acción como inconstitucional y anunció una demanda ante la Corte Constitucional. Además, señaló que tanto la Corte como el Registro Oficial se han convertido en “instrumentos del Gobierno” al permitir la publicación de la norma.

Respuesta del Registro Oficial

Por su parte, el Registro Oficial respondió a las acusaciones mediante un comunicado, en el que aclara que su rol es meramente editorial y que carece de facultades para evaluar la legalidad o constitucionalidad de los documentos que publica. Su función, subrayó, es garantizar la claridad y legibilidad de las disposiciones legales.

¿Se incumple el marco constitucional?

El Legislativo argumentó que el decreto ley incumple el marco constitucional al haber sido negado y archivado en primer debate. Además, denunció que la Ley Antipillos incluye nuevas disposiciones tributarias, como impuestos a la compra y venta de vehículos usados, lo que, según los asambleístas, afecta directamente a la economía de los ecuatorianos.

(Además: Misterio en Quito: Hombre herido fue abandonado por taxista y murió en Chimbacalle)

El ministro de Gobierno, José De La Gasca, defendió la decisión del presidente Noboa, argumentando que la Asamblea no respetó los procedimientos legales al archivar la iniciativa. Para él, esta acción justificó la promulgación directa de la ley.

Otra acción penal

En este contexto, la Asamblea también anunció una acción penal contra el representante del Registro Oficial por permitir la publicación de la normativa. Alejandro Muñoz, secretario del Legislativo, señaló que esta medida sería presentada en las próximas horas.

La Ley Antipillos ha generado una división política significativa. Mientras el oficialismo la defiende como necesaria para combatir el lavado de activos, la oposición insiste en que viola el principio de separación de poderes y vulnera la institucionalidad del país.

La Corte Constitucional tendrá que resolver esta disputa que pone en evidencia las tensiones entre las funciones del Estado. El resultado podría sentar un precedente clave en cuanto a los límites del uso del recurso del Ministerio de la Ley y el respeto al debido proceso legislativo.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡Suscríbete a EXTRA!