Estefani, de 13 años, tiene el cabello teñido de rojo y brillo en los labios. Cuenta con inocencia que no sabe leer y que aún debe deletrear las palabras para entender. Ella es una de las usuarias del Hogar de Paz, del Patronato San José, donde se acogen niños que han estado en trabajo infantil o en mendicidad. “A mí me gusta estar en el puesto con mi abuelita y mi mamá”, dice.

Es lo que ella conoce desde que tiene uso de razón: ayudar a su familia a trabajar con la venta de chocolates. “Yo vendía bien. Gritaba en la calle y la gente me compraba”, recuerda.

Como ella, por lo menos 7.000 niños trabajan en las calles del Distrito Metropolitano de Quito, según datos del Patronato. De esta cifra, también hacen parte aquellos pequeños que son víctimas de trata de personas. “Esto no es algo de ahora. Es una situación que también sucede a nivel mundial. En Quito hay ciertas organizaciones que utilizan a los niños con tema de trata”, explica Andrés Real, coordinador de Erradicación de Trabajo Infantil del Patronato.

Estas organizaciones, a las que el funcionario hace referencia, identifican los perfiles de los menores. “Ven cuáles sirven para mendigar, para vender o para robar. Estas son dinámicas que las personas que están en movilidad ya han adoptado”, expresa.

El 20 de octubre, EXTRA publicó el caso de cuatro niñas que eran alquiladas en Rumiñahui, al suroriente de Quito. De ese caso se identificó que dos madres y dos vecinos de ellas cobraban para obligarlas a vender chupetes y pedir limosna. Los implicados son de nacionalidad venezolana y les dieron prisión preventiva, la que fue apelada por la Defensoría Pública. El 20 de noviembre se realizará la audiencia.

Las víctimas tienen 1, 5, 7 y 11 años. La bebé era usada para pedir limosna cerca de un centro comercial y fueron rescatadas luego de un patrullaje. Los uniformados se acercaron al sujeto que la tenía y comprobaron que no había parentesco con ella. El otro hombre quiso huir con las otras pequeñas, pero fue detenido. Después se dio con el paradero de las madres y también fueron aprehendidas. Cada mujer, según testigos, cobraba 5 dólares por cada una.

El 20 de noviembre también se prevé recoger los testimonios anticipados de las víctimas en una cámara de Gessel. Mientras tanto, permanecen en un hogar de acogida.

Los riesgos

Andrés Real explica que el ambiente de la calle no es apto para ningún menor de edad. “Están expuestos al abuso físico, sexual, consumo de drogas, ausencia de nivel escolar, falta de alimentación saludable y a los secuestros. Por eso nosotros nos articulamos con la policía y las Juntas de Protección cuando hay situaciones de riesgo”, detalla.

En el caso de las niñas de Rumiñahui, la Fiscalía formuló cargos en contra de los implicados por el delito tipificado en el artículo 105 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que establece que “la persona que someta a otra a trabajos forzados u otras formas de explotación o servicios laborales, dentro o fuera del país, será sancionada con pena privativa de libertad de diez a trece años”.

Centros de atención

El Patronato tiene varios centros donde se atiende a niños en estas circunstancias: en el sur, centro y norte de Quito. Están cercanos a los espacios donde se ejerce comercio informal, como El Tejar, mercado Mayorista, Chiriyacu, La Ofelia, Comité del Pueblo, Calderón, Carapungo y Mercado San Roque.

“El objetivo es que los niños tengan un espacio seguro mientras sus padres trabajan. En el caso del Mayorista, la atención también es en la madrugada, porque la actividad no para allí. Así se garantiza el descanso y la alimentación de los niños, para que puedan ir a la escuela”, agrega el funcionario.

Las consecuencias

Franklin Reyes, psicólogo clínico del Hogar de Paz, comenta que un gran porcentaje de los niños que llegan a este programa tiene problemas de comportamiento o de regulación de sus emociones. “En casa no han tenido normas o valores. Por eso también intervenimos con sus familias”, asegura.

Aunque la mayoría de las familias entiende que los niños no deberían estar en la calle y colaboran con el proceso, existe por lo menos un 20 % que no quiere cambiar. “Son años de dinámicas violentas o de permisividad que no permiten avanzar. Es difícil cambiar el entorno”, agrega.

El psicólogo explica, además, que lo que más se ha evidenciado en estos casos, es que los chicos tienen coeficientes intelectivos desmejorados o que incluso están cerca de la discapacidad intelectual. “También hay cambios en el comportamiento como hiperactividad, impulsividad. Muchos de ellos tienen síntomas de depresión o ansiedad producto de haber estado en la calle”, revela.

Lorena es otra de las beneficiarias del Hogar de Paz, a donde llega después de su jornada de clases. Come, realiza sus tareas y tiene acompañamiento de trabajadores sociales y maestros. A pesar de todo esto, relata que le gusta más estar en las ventas con su madre. “Aquí me enseñan valores y a comer bien. Pero en la calle me siento libre”, dice la menor de 12 años.

“Es la única realidad que conocen, por eso trabajamos en romper estos patrones. Los llevamos de excursión, les mostramos nuevos escenarios. Hay niños que no han ido ni al parque Bicentenario”, comenta Andrés Real.

Por otro lado, Reyes reconoce que han tenido casos en los que se requiere de presión judicial o administrativa para que los padres colaboren con el proceso de rehabilitación de los menores. “Es por lo menos el 10 % de los casos que hemos tenido que hacer denuncias”, cuenta el psicólogo.

La callejización (proceso de socialización se desarrolla en el contexto de la calle) puede producir trastornos psiquiátricos antisociales o bipolaridad. Afortunadamente, hasta ahora, ninguno de los niños atendidos por el psicólogo ha llegado hasta esos extremos.

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