Hace cuatro años, el venezolano Miguel Andrés Fuentes Blanco llegó a Ecuador, se asentó en Guayaquil y posteriormente en Durán. Tiempo después, dejó el país y se radicó en Perú.

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Sin embargo, hace tres meses retornó a nuestro país, no solo para residir nuevamente, sino, según la Policía, para continuar con actividades ilícitas. Fuentes Blanco es señalado como sicario, extorsionador y secuestrador.

La madrugada de ayer, el venezolano de 23 años fue detenido en un operativo conjunto realizado por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. En la misma acción también se capturó a otras cinco personas, entre ellas un menor de edad.

El extranjero, oriundo de Caracas, confesó a EXTRA que abandonó su país en 2018 y se radicó inicialmente en Ecuador. “Soy de Caracas. Me contrataron para una ‘vuelta’”, afirmó mientras permanecía esposado en los patios de la Unidad de Vigilancia Comunitaria del cantón Durán.

El venezolano tiene tatuada en el costado izquierdo de su torso la imagen de la Santa Muerte y, según la Policía, sería miembro de la organización criminal Chone Killers.

El teniente coronel Roberto Santamaría, jefe del distrito Durán, informó que en poder de Fuentes Blanco se encontró un arma de fuego tipo pistola modelo Glock 25 y municiones de guerra.

“Estas municiones tienen un compuesto químico en la punta, lo que permite rastrear la trayectoria de los disparos. Son capaces de atravesar hasta tres paredes de cemento, perforar chalecos antibalas utilizados por la Policía y las Fuerzas Armadas, e incluso atravesar vehículos. La pistola que le encontramos es considerada una de las mejores del mundo y es utilizada por la Policía”, explicó el oficial.

Además, entre las evidencias incautadas en poder del venezolano se encontró un teléfono celular que contenía fotografías de él portando armas, así como chats que incluían nombres de personas que serían sus posibles víctimas. También se hallaron notas escritas a computadoras con exigencias de dinero.

“El material encontrado evidencia que esta persona tenía vínculos con diversas actividades delictivas, y las autoridades continuarán investigando para determinar el alcance de sus acciones. Cada munición representa una o más vidas, y queda en manos del sistema judicial garantizar que se haga justicia”, agregó Santamaría.

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