Ya la perdieron antes y por eso conocen su valor y la cuidan como a un tesoro. Es la libertad.

De los años que vivieron pagando por sus culpas, los guayaquileños Justino Troncoso, Mario Colón, Óscar Argudo, el colombiano Zócimo Trejos y la quiteña Andrea (prefiere no revelar sus apellidos) aprendieron a aprovechar el tiempo y valorar la vida.

Estas cinco personas, nacidas en ciudades diferentes, tienen algo en común: haber vivido por años tras las rejas de las prisiones de mayor seguridad del país, el Centro de Privación de Libertad Regional Guayas y el de Cotopaxi.

A su tiempo, cada uno se acogió al régimen abierto que establece el artículo 699 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Ahora, ellos cumplen el tiempo restante de su condena en las calles, libres... aunque siempre reos de su pasado.

Para Justino, hablar de libertad, cuando por nueve años estuvo tras las rejas, es ‘volar’ a un pasado del que aprendió que los errores se pagan y que las oportunidades se toman y que “estas deben fortalecerte”.

En el 2010 fue acusado por el delito de violación a una menor de edad, y al año siguiente fue sentenciado a 16 años de cárcel. En diciembre de 2018 se acogió al beneficio penitenciario y en los años que le faltan para completar su condena deberá presentarse cada lunes en un juzgado de la Unidad Penal Albán Borja y los sábados en la Casa de Confianza del Centro de Privación de Libertad de Guayaquil.

Los primeros seis meses de prisión fueron los más agobiantes e incluso estuvo a punto de matarse. “Llegué a un lugar que nunca pensé, pero preferí aprovechar lo que me daba la vida.En la cárcel aprendí enfermería, ahora sé poner inyecciones, sueros. Lamentablemente, para las personas que hemos estado en prisión no hay oportunidades de trabajo, somos los marginados de la sociedad”, sostiene Justino, de 37 años.

En tanto que para Mario, salir de prisión luego de permanecer 14 años y seis meses recluido (también por violación), significó explorar un mundo casi desconocido, del cual ya no recordaba ni las calles por las que había transitado hasta antes de caer en ‘cana’.

“Tenía 40 años cuando fui sentenciado a 20 años de cárcel, pensé que nunca iba a salir. Pero no todo en prisión es malo, somos nosotros quienes decidimos si escogemos el mal camino o el bueno. Adentro aprendí carpintería y me gradué de bachiller. Además, me acogí a una beca universitaria, pero ahora que estoy libre no puedo conseguir empleo e incluso me han puesto trabas para continuar mis estudios”, narra.

Los ‘bichos raros’

Zócimo afirma que su situación fuera de la prisión también se volvió precaria por la falta de oportunidades. Y que es gigante el estigma que viven las personas que han estado en la cárcel. “Nos miran como bichos raros, nos marginan”, comenta el colombiano, a quien aún le faltan seis meses para completar su condena de una década.

En prisión, él era el encargado de las presentaciones y shows que desarrollan los privados de libertad.

Óscar cuenta que cuando estuvo detenido participó en un concurso de oratoria desarrollado en España y que clasificó entre los diez mejores del mundo. Sin embargo, conseguir un empleo se ha convertido en su mayor obstáculo.

Andrea, de 30 años, menciona que “no hay mejor sabor en la vida que el de la libertad”. Lo sostiene después de pasar tres años en el CPL de Cotopaxi. Allí cumplía una condena de cinco años por delincuencia organizada. Fue capturada robando en un local comercial en el sur de Quito, junto a cuatro personas más, en 2016.

La joven cumplió con todos los puntos establecidos y en prisión obtuvo su bachillerato. Siguió cursos de manualidades, talleres de psicología y empezó una carrera universitaria a distancia en Derecho. Pero una vez afuera, conseguir empleo es imposible, principalmente “porque somos señalados por la sociedad”, a partir de los antecedentes penales que tienen, explica.

Los beneficios

Itania Villarreal, abogada y exdirectora nacional de Rehabilitación Social, menciona que este beneficio penitenciario permite que “los privados de libertad convivan en su medio natural, bajo la supervisión del Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI)”, siempre y cuando satisfagan una serie de requisitos.

“Deben cumplir las tres quintas partes de la condena, tener buena conducta, estar en una zona de mínima peligrosidad, tener un oficio, arte o profesión extramuros que acredite que pueden vivir honradamente y usar el dispositivo de vigilancia electrónica”, agrega la jurista.

Según Villarreal, no todos los privados de libertad tienen la voluntad de rehabilitarse y esto complica la seguridad que se vive en el interior de las cárceles.

“Solo un 30 % de los reos se acogen a estos programas, generalmente los que tienen delitos menores. Los que superan penas de 20 a 40 años no se interesan y ahí se debe poner atención, porque son quienes pueden contaminar al resto. Ellos requieren tratamientos psiquiátricos urgentes”, sostiene.

Verlos ‘con lupa’

Para el experto en criminología y seguridad carcelaria Santiago Argüello, este beneficio penitenciario debe ser aplicado ‘con lupa’. La liberación de presos debe ser más controlada y estar amparada en la ley. “No se debe malinterpretar el COIP, como se hizo en años pasados, cuando la corrupción reinaba y pillos de peso quedaron en libertad”, advierte.

Villarreal estima que la población carcelaria que comete delitos menores y a mediana escala constituye el 75 % de los 25 mil presos que tienen sentencia ejecutoriada a nivel nacional. “Ellos todavía son rescatables, pero se requiere intervención urgente del Gobierno”, argumenta.

“Además hay que vigilar el trabajo del SNAI, el servicio de rehabilitación social. Solamente así se puede avalar si existió o no un programa de reinserción efectivo. No se puede decidir al azar la liberación de un número de presos. Sería un peligro que salgan los peores criminales”.

La carga

La desconfianza pesa

Andrés Martínez Arrata, presidente del Colegio de Sociólogos del Guayas, explica que reincorporar a la sociedad y dar una plaza de trabajo a alguien que ha salido de prisión es una situación compleja, porque el haber incurrido en un delito hace que las personas sientan desconfianza de contratarlo.

Sin embargo, manifiesta que existe otra situación que reduce las oportunidades para un expresidiario: las pocas plazas de trabajo que existen en el país. “Por ejemplo, hay personas que no han tenido problemas con la justicia y tampoco tienen trabajo. Si hay una oferta para un puesto, ¿a quién cree usted que va a escoger el empleador?”, se cuestiona el experto.

Ya no aplica a todos

Reinaldo Cevallos Cercado, juez de Garantías Penales, explica que el pasado 17 de febrero en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) se implementó una reforma que limita este beneficio.

Así, los privados de libertad que cumplen condenas por asesinato, homicidio, sicariato, robo con muerte, violencia sexual, delito contra el Estado, peculado, coacción, trafico de emigrantes, droga y terrorismo ya no pueden acceder a los beneficios de régimen abierto o semiabierto.

Sostiene que para que exista una verdadera rehabilitación social, las autoridades deben implementar normativas para que los privados de libertad realicen trabajos en obras públicas y en el campo. “Esto debería darse con el control de personal armado y los presos no estarían vagos dentro del centro de privación, tendrían su mente ocupada”, explica.