Conoce un poco más a Andrés Arauz, Yaku Pérez y Guillermo Lasso, los tres candidatos que encabezan las elecciones generales 2021.

Andrés Arauz: Con fidelidad y obediencia se llega muy lejos

Asesor de política financiera del Ministerio de Política Económica a los 22 años; director del Banco Central a los 26; subsecretario de Planificación para el Buen Vivir a los 28; director del Servicio de Contratación Pública a los 30; ministro coordinador de Conocimiento a esa misma edad… El ascenso burocrático de Andrés Arauz fue tan meteórico y apoteósico como el experimentado durante esos mismos años por la fortuna de su padre, Luis Alberto, ingeniero y experto en legislación hidrocarburífera, gerente propietario de Universal Petroleum Services: sumó 800 mil dólares en 16 contratos con el Estado. 

Paradojas: mientras el hijo planificaba las obras estratégicas para el cambio de la matriz energética, el padre proveía insumos para la industria petrolera: el correísmo tenía cama para todos, bastaba con serle fiel.

En efecto, nada define mejor a este economista quiteño de 35 años que la fidelidad al proyecto correísta y a su líder, a quien quiere librar de la condena penal por corrupción que lo mantiene prófugo. Cuando Rafael Correa lo designó a dedo como candidato a la Presidencia de la República (designación que luego fue corroborada, como es usual en esta tienda política, por la asamblea general del movimiento), el país recibió la noticia con sorpresa. Nadie lo recordaba. Arauz incluso jugó con la idea de ser “el perfecto desconocido”. Sin embargo, por su perfil profesional y por su disposición anímica, que lo induce a la obediencia, tenía todas las características necesarias para que el expresidente lo considerase no solo su delfín, sino una suerte de hijo espiritual.

De su padre real, tanto como del putativo, heredó la visión nacionalista de la economía. Luis Alberto Arauz había sido asesor de política petrolera en la dictadura nacionalista revolucionaria de Guillermo Rodríguez Lara, bajo cuyo mandato Ecuador ingresó en la OPEP. Esa misma idea de soberanía es la que insufla en el joven Andrés la vocación antidolarizadora que comparte con Correa, el presidente que se moría de ganas de devaluar y no podía. Cuando el gobierno de su líder terminó y, con él, se agotó el biberón burocrático que lo mantuvo desde que abrió los ojos a la vida pública, Arauz montó un chiringuito académico que conservó viva la llamita de la economía correísta: Observatorio de la Dolarización. El único proyecto científico del que se tenga noticia cuya meta principal consiste en aniquilar a su objeto de estudio.

El Arauz académico ostenta con orgullo su licenciatura de la Universidad de Michigan, su maestría en Economía del Desarrollo por la Flacso y sus estudios de Economía Financiera en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde cursa como doctorando para obtener el título de PhD con una tesis sobre ‘Sistemas de pago internacionales, activos digitales y fuga transfronteriza de capitales’: una materia en que los líderes de su movimiento, prófugos o presos por corruptos, son especialistas. Entre las investigaciones académicas de Arauz figuran temas como ‘Flujos financieros ilícitos’ (que puede resultar tan útil para traer de vuelta el dinero perdido por la corrupción como para volverlo irrecuperable) y ‘Opacidad financiera’: aproximación teórica a una ciencia con la cual tuvo mucha relación práctica en sus tiempos de subsecretario de Planificación, tal como revelan varias investigaciones periodísticas que han seguido la pista (bastante visible, por lo demás) de los documentos que firmó en su carrera burocrática. Investigaciones que él desmiente una por una, categóricamente.

¿Cuáles son esos documentos? Básicamente, los que Rafael Correa le mandó que firmara. El caso más conocido, porque se ventiló en el mismo debate presidencial gracias al aporte del candidato Juan Fernando Velasco, es el de un contrato a dedo que significó un sobreprecio de 3 millones de dólares, según Velasco, para el Festival de Teatro de Loja. El ministro de Cultura, Andrés Vallejo, se había negado a firmarlo, así que Correa lo reemplazó por Arauz, que nada tenía que ver con la cultura pero asumió el cargo para cumplir esa misión.

Tres millones de dólares son una insignificancia en la carrera de un funcionario que tuvo a su cargo la elaboración del Plan Anual de Macro Inversiones de la Secretaría de Planificación. En 2012 autorizó, por ejemplo, un convenio de crédito por 514 millones para emprender un proyecto presupuestado inicialmente en 180: la repotenciación de la Refinería Esmeraldas, en realidad una obra fallida que terminó costando 2.300 millones y aún requiere de una inversión similar para funcionar como debería. La firma de Andrés Arauz aparece relacionada también con la hidroeléctrica Manduriacu, con las fracasadas Escuelas del Milenio, con la compra de los aviones presidenciales, con la emisión de bonos Global, con la entrega de la mitad de la reserva de oro del país a Goldman Sachs y, en general, con la autorización de deuda sin destino específico. En fin: teoría y práctica de la opacidad financiera.

Ahora el correísta llega a la segunda vuelta gracias al voto duro de su movimiento y tras una campaña que distó mucho de ser ejemplar. Arauz regaló a sus electores pruebas para el coronavirus sin registro sanitario; usó la figura de un prófugo de la justicia, privado de derechos políticos por corrupto, para hacer propaganda electoral; mintió sobre una inexistente oferta del presidente argentino de enviar 4,4 millones de vacunas para el COVID al Ecuador; y por si fuera poco, terminó en medio de un escándalo internacional que estalló en Colombia y en el que se le atribuye haber recibido, lo mismo que su líder y mentor, aportes económicos de la guerrilla del ELN para su campaña. Pese a todo eso ha llegado a las puertas de Carondelet. ¿Lo habría logrado de no estar sobre los hombros de Rafael Correa? No parece probable. Por ello y por sus antecedentes, está claro que no será él quien gobierne si llega a ganar la Presidencia.

Yaku Pérez: El new age también puede ganar elecciones

Abogado activista a los 25 años; concejal de Cuenca a los 27 por la alianza entre Pachakutik y el Nuevo País de Fernando Cordero y Freddy Ehlers… La carrera política de Yaku Pérez Guartambel (Tarqui, Azuay, 1969), centrada en el derecho ambiental y la gestión de cuencas hidrográficas (dos de sus especializaciones académicas), tenía a lo sumo proyecciones regionales hasta que el gobierno de Rafael Correa se ensañó con él. Ensañarse es la palabra correcta: en 2010 había dirigido las protestas contra la Ley del Agua en su provincia, con sus seguidores había interrumpido el paso por la carretera como se estila en estos casos y había sido detenido.

Con Correa despotricando en las sabatinas, el gobierno le impuso un cargo por terrorismo y sabotaje: excesivo y descabellado para un presidente acostumbrado a tratar con la guerrilla colombiana y llamarla “ejército irregular”. Sin embargo, ya en las cortes, esas ínfulas represivas bajaron como espuma de cerveza ante la simpleza de los hechos y el asunto se saldó con ocho días de prisión por paralización de servicios públicos. Esos ocho días hicieron de Pérez una figura nacional.

En esos tiempos todavía se llamaba Carlos Ranulfo. De su cambio de nombre en 2017 se ha querido hacer un caso: se lo acusa de oportunista, de esnob, de hacerse pasar por indígena sin serlo. La verdad es que Pérez (él atribuye ese apellido al de los dueños de la hacienda donde creció su familia) no fue el primero ni será el último.

En el norte del país, el cambio de nombre es una proclamación de identidad indígena desde hace décadas. Así fue como el poeta quichua otavaleño Jacinto Conejo se convirtió en Ariruma Kowii: literalmente ‘Alegría Conejo’; María Estela Vega pasó a ser Nina Pacari (‘Fuego de la Naturaleza’); y Segundo Antonio Tituaña, más pretencioso, se puso Auki, como se llamaba al príncipe heredero del Tahuantinsuyo, y con ese nombre se convirtió en alcalde de Cotacachi. El antecedente se sitúa en la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos durante los años 60. El caso más famoso: Cassius Clay convertido en Muhammad Ali. En cuanto a Pérez, eligió un nombre relacionado con su activismo ambientalista: Yaku Sacha (‘Agua del Bosque’).

El hecho es que Carlos Pérez, hoy Yaku, convertido en figura nacional, fue electo presidente de la organización regional indígena más importante del país: la Ecuarunari. Ocupó el cargo durante dos períodos, entre 2013 y 2019, y con él se convirtió en una de las figuras emblemáticas de la oposición a Rafael Correa, cuya política frente a los movimientos sociales consistía en crear los suyos propios y aniquilar los existentes. Para entonces ya había enviudado y se había vuelto a emparejar, esta vez con la periodista y activista francesa Manuela Picq. Y contra ellos se siguió ensañando el correísmo y la Policía que el ministro del Interior, José Serrano, convirtió en una banda de gorilas dedicados al escarmiento selectivo y que actuó con impunidad durante la fuerte ola de manifestaciones de 2015.

Los hechos son indudables: hay videos de cómo un grupo de policías montados arremetieron contra Yaku y luego lo molieron a palos, lo arrastraron fuera del parque de El Ejido y lo dejaron tirado sobre la calzada de la avenida 6 de Diciembre.

También está registrada la violenta detención de Manuela Picq, cuya posterior expulsión del país se convirtió en una de las historias de abuso más flagrantes del decenio correísta. Y en una telenovela con ingredientes de amor, separación forzosa y matrimonio con ritual indígena que disparó la popularidad del presidente de la Ecuarunari. Fue probablemente el ingrediente de Picq el que añadió a la figura de Pérez un carácter diferente al del tradicional dirigente indígena. En un movimiento que se caracteriza por su machismo y su conservadurismo en temas de moral individual y vida diaria, Pérez es feminista, panteísta, new age, yoga y vegetariano. Un bicho raro para los estándares de la Conaie. 

Sin embargo, conserva la mayoría de los rasgos ideológicos del clásico compañero de ruta: colectivista, estatista, defensor de los subsidios, incluso el de la gasolina, en abierta contradicción con sus convicciones ecologistas. Pérez no termina de dar el paso que lo aproxime a la construcción de algo parecido a una nueva izquierda.Confirma esta ambigüedad su participación en el levantamiento de octubre de 2019, que derivó en un intento de golpe de Estado y se convirtió en el episodio más violento de la historia ecuatoriana reciente. Pérez participó en la toma del edificio de la Asamblea Nacional, y existe un video en el que aparece, minutos antes de la acción, anunciando su voluntad de instalar ahí un “parlamento de los pueblos”.

Confirma esta ambigüedad su participación en el levantamiento de octubre de 2019, que derivó en un intento de golpe de Estado y se convirtió en el episodio más violento de la historia ecuatoriana reciente. Pérez participó en la toma del edificio de la Asamblea Nacional, y existe un video en el que aparece, minutos antes de la acción, anunciando su voluntad de instalar ahí un “parlamento de los pueblos”.

Para ese entonces ya era prefecto del Azuay, cargo al que llegó tras una campaña muy peculiar en la que su único ofrecimiento fue impulsar una consulta popular para prohibir la minería en los páramos de la provincia. Ni carreteras, ni mercados, ni obra pública: solo agua. Había ganado una consulta similar en el cantón Girón, que expulsó a la minera canadiense INV Metals de su territorio. A la hora de replicar la experiencia a escala provincial, tuvo muchos problemas: perdió el apoyo de los municipios y no consiguió aprobar su lista de preguntas en la Corte Constitucional. Sin embargo, una vez que estalló la sublevación de octubre, dejó su agenda ecologista en suspenso y se unió a las protestas en defensa del subsidio de los combustibles fósiles. Esa actuación acarreó un retroceso enorme para la causa antiminera, que solamente sobrevivió por iniciativa del alcalde de Cuenca, Pedro Palacios.

Sin haber conseguido su objetivo, Yaku Pérez renunció a la Prefectura para postularse como candidato a presidente. Su eventual presencia en una segunda vuelta es la mayor sorpresa de las elecciones, pues ni siquiera había logrado consolidar la unidad del movimiento indígena, dividido entre los radicales de Leonidas Iza y Jaime Vargas y los moderados que lo apoyan. Su triunfo es la demostración de que el new age también puede ganar elecciones.

Guillermo Lasso: El capitalismo criollo no es del todo liberal

Empleado de la Bolsa de Valores de Guayaquil a los 15 años; gerente a los 22; fundador de empresa a los 23; vicepresidente ejecutivo a los 25 y presidente de compañía financiera a los 29: Guillermo Lasso empezó desde abajo, trabajando en la adolescencia para pagarse los estudios secundarios, y subió todos los escalones que se le pusieron por delante. Gozó de dos inestimables ventajas: demostró talento y tuvo padrino, su cuñado Danilo Carrera Drouet, que había fundado una financiera en Panamá y sabía cuándo comprar acciones. Fue él quien lo encaminó por el mundo de las finanzas, desde los primeros pininos escribiendo cotizaciones en las pizarras y los primeros cargos de responsabilidad, a las primeras sociedades y las primeras inversiones. Cofiec, Finansa, Procrédito, Finansur… Fue él quien hizo posible la captación del Banco de Guayaquil, en ese entonces una institución menor cuya presidencia asumiría el hoy candidato de CREO en 1994, a los 39 años, y convertiría en el segundo banco más grande del país. Talento y padrino: el caso de Guillermo Lasso es un ejemplo de capitalismo criollo químicamente puro. Había empezado a estudiar Economía en la Universidad Católica de Quito, pero desertó al segundo año: no le hacía falta.

Su carrera en el servicio público empezó en el gobierno de Jamil Mahuad, de cuya campaña fue donante en 1998. En retribución, Lasso recibió sus primeros cargos: gobernador del Guayas, superministro de Economía. El correísmo quiere hacerlo responsable y beneficiario de la crisis bancaria de 1999, pero las conclusiones de la Comisión de Investigación de esa crisis, presidida por Eduardo Valencia y establecida por el propio Rafael Correa en 2007, lo negaron documentadamente. También en los primeros días del correísmo surgió el tema de su presunto uso de información privilegiada para sacar provecho económico cuando era funcionario: se lo dijo, en los tristemente célebres pativideos, el exministro de Economía Armando Rodas a Ricardo Patiño. Y no lo estaba acusando, sino poniéndolo como ejemplo. Lasso lo negó y nadie insistió en ello: era demasiado incómodo para todo el mundo.

Hoy Lasso es un tipo que paga 15 millones de impuesto a la renta (desde 2010) y vive apartado de la actividad financiera (desde 2012) para dedicarse por entero a la política sin caer, se supone, en conflictos de intereses. Esta es la tercera vez que participa en las presidenciales y la segunda que llega al balotaje. En las elecciones anteriores, organizadas por el correísmo para poner a Lenín Moreno en el cargo, perdió con la cancha inclinada. Creyó tener un caso sólido de fraude, pero no lo supo defender. Hizo el ridículo cuando apareció con su mujer rodeado de urnas, cajas de cartón supuestamente llenas de votos pero que ella levantó en el aire con la ligereza con que solamente se levantan las cajas vacías.

El mundo da vueltas: dos años después firmó, con la entonces ministra de Gobierno, María Paula Romo, un pacto de gobernabilidad que dio un respiro a Lenín Moreno. Acordaron apoyar una agenda básica de legislación en la Asamblea. A este esfuerzo por mantener en pie la siempre tambaleante institucionalidad democrática ecuatoriana se sumaría más tarde, en octubre de 2019, la actividad logística secreta desplegada por Lasso para evitar el golpe de Estado. Especialmente cuando Moreno decidió cambiar la sede de gobierno a Guayaquil para mantenerse a salvo del caos en que había caído la capital, el papel de Lasso fue decisivo. Sin embargo, todo esto le pasó factura: no es fácil explicar cómo se empieza siendo un partido de oposición y se termina en el gobierno. Se entiende mejor cuando a esta visión maniquea se agrega el ingrediente que falta: el proyecto autoritario del correísmo. Como candidato mejor posicionado en su contra a lo largo de tres elecciones consecutivas, a Lasso le ha correspondido la no siempre grata tarea de encarnar la oposición anticorreísta y de defensa de la democracia liberal.

Le sería más fácil si no fuera tan curuchupa. Hombre del Opus Dei, ha cometido el pecado de romper una promesa: dijo hace años que no permitiría que sus creencias personales interfirieran en sus políticas públicas. Pues bien: lo hicieron. En agosto del año pasado escribió una carta al presidente Lenín Moreno y presionó a su bloque de asambleístas para evitar la aprobación de una reforma al Código de Salud que obligaba a los médicos a atender cualquier aborto en curso como una emergencia obstétrica. Según él, esa reforma “ignora el derecho a la vida del niño por nacer”. Los médicos, escribió, están obligados (en “coherencia con el Código Penal”) a denunciar a la mujer que les pida cometer semejante crimen. Sus respetables creencias religiosas han impedido a Guillermo Lasso tratar el tema del aborto como un problema de salud pública. En general, su desconexión con la sociedad contemporánea es enorme (en temas relacionados con identidades sexuales y modelos alternativos de familia, por ejemplo). Esto lo aleja del liberalismo que dice profesar y causa una resistencia que perjudica a la causa democrática.

El candidato de CREO pelea un pase a la segunda vuelta tras una campaña más bordada de curiosidades que de excesos. Hizo guiños al discurso populista: la frase “qué chuchas” pasará a la historia ligada a su nombre. Se vio obligado a hacer concesiones a las demandas de sus nuevos aliados socialcristianos: su propuesta de aflojar las restricciones para la tenencia de armas de fuego es el caso paradigmático. Y terminó ofreciendo insensateces difíciles de integrar a su estilo de hacer política: girar a la Virgen del Panecillo para que mire hacia el sur de Quito, por ejemplo. Sin embargo, nada de esto lo define. Su presidencia marcaría el período de transición que Lenín Moreno fue incapaz de abrir en la suya. Un período en el que las reivindicaciones sociales sobre derechos de las mujeres y las minorías tendrán que esperar por mejores días.

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