Para Julio Rodolfo Rendón Avelino, la muerte de su padre fue el momento más difícil de su vida. Pese al golpe emocional, no dudó en hacer lo que sentía necesario: renunciar a su trabajo para buscar el cadáver. Pero su firme decisión no bastó. Pasaron aproximadamente tres años y no hay una tumba en la que pueda llorar a su viejito.

El adulto mayor, Julio Amable Rendón, murió el 29 de marzo de 2020, a los 65 años, 18 días después de que se declarara la emergencia sanitaria en el país (11 de marzo de 2020). Fue una de los miles de víctimas mortales de la COVID-19. Y también de las víctimas del mal manejo de cadáveres en algunos hospitales.

El 27 de marzo empezó a tener dificultad para respirar. “Lo llevamos al hospital del Seguro Social en Los Ceibos. Había más gente que tenía los mismos síntomas de mi papi, la mayoría pasaban de los 55 años. A él no lo atendieron inmediatamente, porque había muchas personas. Llegamos a las 10:00 y la consulta fue recién a las 15:00”, cuenta el hijo.

“Había como unos 20 consultorios y a lo que fallecía uno, pasaba otro que estaba esperando fuera y de ahí también moría. Por lo menos vi fallecer unas 50 personas en esos días, las iban sacando en unas fundas negras. Mi papi miraba eso y decía, ‘así voy a salir’. Yo le rogaba que no pensara eso”, cuenta Julio.

Tristemente, su padre no se equivocó con su presagio. En los dos días que el adulto mayor permaneció en el hospital, fue vencido por el virus.

La tragedia les resultó difícil de asimilar. Pero otra calamidad se les aproximaba. El cadáver nunca apareció.

“Me indicaron que lleve una caja rápido. Encontré un ataúd después de tres días, pero el de la morgue me dijo que los cuerpos ya no estaban ahí, sino metidos en un contenedor que se lo iban a llevar a Parque de la Paz de La Aurora”, recuerda Julio.

Se dirigió a ese camposanto, pero allá le indicaron que los cuerpos estaban sin identificación. Las etiquetas que tenían se les habían salido.

“Yo me boté del trabajo y comencé a buscarlo por todos los cementerios. Durante tres meses iba todos los días en mi moto, cuando le tocaba rodar a mi placa, o me iba en taxi”.

Cuando se cumplió un año del deceso, aun sin cuerpo que velar, de todos modos hicieron una misa para poder rezar. En cierto modo fue un homenaje, pero al mismo tiempo, quizá inconscientemente, un acto de resignación en ellos.

NO SABE SI FUE SU PADRE A QUIEN SEPULTARON

Desde el 27 de marzo de 2020, Ana Gómez vive por inercia: ese día perdió a su padre, Segundo Vicente Gómez, de 82 años, en la mañana y por la tarde, al amor de su vida, Jorge Cedeño, de 53. Ambos por COVID.

Tres días antes de que murieran, Jorge, quien era taxista, llamó a Ana para contarle que se sentía enfermo y tenía fiebre.

La mujer le suplicaba que volviera a casa para cuidarle, pero él insistía en quedarse afuera.

“Me quedaré en el carro. Tengo miedo de contagiarte a ti y a nuestro hijo. Prefiero esto”, decía al otro lado de la línea Jorge.

A partir de ese entonces, las llamadas iban al buzón de voz y no había manera de contactarlo.

Momentos después, la madre de Ana la llama para avisarle que a su padre le faltaba el oxígeno.

“Llevamos a mi papá a un dispensario y da la casualidad que justo ese día mi esposo también estaba ingresando”.

Tres días después de ingresar, ambos murieron. “El problema es que no sé si es mi papá quien está enterrado y no otro hombre; a mi esposo lo pudimos reconocer, pero con mi padre no dejaron hacer este trámite”, asegura.

Durante tres meses posteriores a la pérdida de sus seres queridos, Ana iba a cada cementerio para encontrarlos, hasta que halló a su padre en el de Pascuales y a su esposo en el General.

Incluso Ana realizó plantones junto con otras familias que no encontraron a sus seres queridos, pero nada de ello sirvió.

“Sigo sin saber quién está ahí y creo que tampoco podré saberlo. Ya no hay manera”, concluye Ana, mientras mira a su hijo Leiner Cedeño. En ese retoño seguirá viviendo una pequeña parte de su esposo.

ACCIÓN DE PROTECCIÓN

Alexandra Villacís, delegada en Guayas de la Defensoría del Pueblo, menciona que la institución, en junio de 2020, interpuso una acción de protección en favor de 37 familias cuyos parientes fallecieron y sus cuerpos no aparecieron.

Al siguiente mes, el juez que conoció la causa emitió una sentencia favorable a los afectados. En el dictamen se dispuso algunas medidas de reparación. Una fue que el Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informe al juez si se logró identificar cadáveres y luego que estos sean entregados. También se dictaminó que el Ministerio de Salud brinde ayuda psicológica a familiares por un año, hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Además, los hospitales tenían que pedir disculpas públicas y capacitar a su personal en manejo de cadáveres.

De esas medidas, el proceso que no se cumplió totalmente fue el de la atención psicológica. “Se hizo a un grupo de familias, pero con otras se dejó de hacerlo”, dijo Villacís.

Medicina Legal pudo identificar a 30 de esos 37 cadáveres. De las siete familias pendientes se tomaron muestras para elaborar un banco y luego compararlas con cuerpos con los que exista la sospecha de que correspondan a este grupo.

Adicionalmente, se estableció que existían, en total, 216 cuerpos en descomposición y sin reconocer (incluidos los siete restantes de la acción de protección). De esa cifra, 100 ya fueron identificados, de 48 se tienen muestras de ADN que serán cotejadas y 68 estaban pendientes de identificar. Estos últimos fueron sepultados, pero se les puso códigos para que en el futuro, si alguien los reclama, se pueda iniciar el proceso de cotejamiento. El mal manejo de cadáveres es investigado por la Fiscalía.

COMITÉ CONOCIÓ UNOS 2.000 CASOS

Billy Navarrete, director ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, menciona que, a través de un cruce de información con 70 dirigentes comunitarios, conocieron de un primer caso de un cuerpo desaparecido el 2 de abril de 2020.

En ese momento, conformaron un equipo que monitoreó estos casos, integrado por abogados, psicólogos, sociólogos y documentalistas. Profesionales que elaboraron un informe con los datos recabados, con una edición en 2021 y otra en 2022.

“A partir de esta recepción de denuncias, pudimos reunir cerca de 2.000 casos de personas que reclamaban los cuerpos de sus parientes”, refiere Billy.

Dentro de esa cifra se encontraban los 216 cuerpos en descomposición que se detalla en el texto principal.

El comité también estuvo pendiente del proceso de la acción de protección. Sin embargo, esos 2.000 casos que se recabó dan a entender que podría haber más cuerpos desaparecidos.